Tras un largo litigio con Colombia que se extendió por más de once años, se hizo justicia y Nicaragua ganó más de 70,000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales, un espacio vital para el desarrollo económico y la preservación de la biodiversidad marina.  El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó una demanda en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, en la Haya.

El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia emitió  un fallo definitivo, en el que  define  una nueva frontera en el Caribe y ratificó la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, archipiélago que continua vinculado al continente colombiano.   Sin embargo, el tribunal adjudicó a Nicaragua extensas zona de las aguas que circundan los cayos de Quitasueño y Serrana.

En estas islas habita el pueblo Raizal, descendientes directos de los miskitus, que dominaron el mar y las costas del mar Caribe en los siglos XVII, XVIII, inclusive la última parte del siglo XIX, cuando declinó su poder político. Los miskitus, grandes navegantes del Caribe, formaron uniones matrimoniales con esclavos de origen africano y visitantes europeos, originando un mestizaje en el que incorporaron a otras culturas, al mismo tiempo que adoptaron rasgos culturales que les eran útiles.  

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El pueblo raizal fue marginado por el estado colombiano, cuando a partir de 1950 se declaró a San Andrés puerto libre y se promovió el turismo, en una suerte de “colombianización” de las islas.  Los recién llegados establecieron negocios y se apropiaron de las tierras.   El gobierno de Colombia, en su intento de desconocer el fallo inapelable de la CIJ, alega que los derechos del pueblo raizal pueden verse afectados, a lo que Nicaragua ha respondido que los hermanos y hermanas raizal, con vínculos profundos de ancestralidad con creoles y miskitus de la Costa Caribe de Nicaragua, podrán seguir ejerciendo de manera libre su derecho a la seguridad alimentaria  basada en la pesca artesanal y el cultivo.

Al referirse a este histórico fallo, el presidente Daniel Ortega Saavedra,  consideró una victoria el hecho de que la línea divisoria haya avanzado hacia el este del meridiano 82, que está situado a solo 66,1 millas náuticas de la costa nicaragüense.  Nicaragua está atenta para la defensa de sus derechos y para que el fallo de la CIJ sea plenamente respetado.