Una nueva Ley de Correduría de Bienes Raíces fue aprobada por la Asamblea Nacional, con la que se moderniza el marco legal que regula este tipo de negocios, para garantizar la seguridad jurídica y transparencia en Nicaragua.
La Ley establece como autoridad competente al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) para la regulación, control y supervisión de los corredores de bienes raíces y sus agentes, asimismo, da los requisitos para el ejercicio de corretaje, los derechos y obligaciones de los mismos, entre estos, las tasas por los servicios propios del registro y las multas por faltas derivadas de la regulación.
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El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente la Comisión Económica, destacó la importancia de esta nueva ley para ponerla a tono con la legislación internacional en cuanto al seguimiento al combate, persecución y castigo a la narcoactividad, el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
«Está ley está en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi/Gafilat, ya que los corredores y agentes son sujetos obligados por la Unidad de Análisis Financiero», añadió Gutiérrez.
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Resaltó que esta nueva Ley deja en claro la autoridad que rige, supervisa y le da seguimiento a las actividades de los corredores y sus agentes, en el MIFIC, a través de su Unidad de Correduría de Bienes y Raíces; así como, las obligaciones y los derechos que tienen los mismos.
Con la nueva legislación se protege la relación jurídica entre el contratante y el corredor de bienes raíces, se desarrolla la confianza del mercado inmobiliario y protege al público consumidor en las relaciones de prestación de servicios de correduría de bienes raíces.
