La organización con más de 20 años de experiencia defendiendo derechos humanos en El Salvador, Cristosal, expuso en su informe, titulado «La excepción se volvió la norma. Una mirada a las reformas penales y su impacto en las garantías ciudadanas» que, en su mayoría, estas modificaciones son contrarias a estándares universales.
Asimismo, indicó que estas conllevan a “retrocesos a la forma en que había evolucionado el derecho penal en El Salvador desde la década de los noventa, pero que ha sido revertida gradualmente por el populismo punitivo”.
En tanto, establece que estas se intentan normalizar a través de reformas legales, por lo que se justifican “como derecho excepcional pero que luego se vuelve permanente”.
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Según el documento presentado por la organización, se analizaron 30 decretos legislativos que han modificado leyes en el campo penal, la mayoría en el contexto del régimen, y las cuales han posibilitado aspectos como la ampliación del período de detención provisional, las audiencias masivas y el surgimiento de los jueces sin rostro, entre otros factores.
Asimismo, señala que “la aplicación del régimen de excepción ha conllevado la violación a derechos constitucionales que no estaban suspendidos (presunción de inocencia, inviolabilidad de la morada, derecho a la detención legal y a la vida e integridad física).
En tanto, destaca que ahora el sistema penal está tratando a los menores como adultos. «Incorporan como medida cautelar la detención provisional que antes solo aplicaba a adultos», sostiene el organismo.