Nueve personas fallecieron en el incendio en una posada en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil. El Cuerpo de Bomberos informó a la prensa que hay desaparecidos.
Los servicios de socorro rescataron a siete personas y, de entre ellas, seis fueron trasladadas al hospital. Aún se desconocen las causas de las llamas. Las autoridades revelaron que el establecimiento funcionaba de manera irregular y no contaba con permiso ni plan de protección contra incendios.
Los forenses trabajan en el lugar para identificar a los fallecidos, agregó.
El gobernador del estado, Eduardo Leite, dijo en la plataforma X estar «profundamente consternado» por la tragedia y señaló que las autoridades trabajan en averiguar las causas del fuego.
Nueve personas rescatadas fueron trasladadas a dos hospitales de la zona, dijo la coordinadora de Defensa Civil de Porto Alegre, Bárbara Barbieri.
«Fue muy rápido, gritaron ‘Fuego’ y el fuego ya estaba a dos cuartos al lado del mío y salí corriendo porque ya había mucho humo», contó al portal G1 un residente del albergue, que no se identificó.
Los bomberos acudieron al lugar en torno a las 02H00 de la madrugada (05H00 GMT) y lograron controlar las llamas sobre las 05H00.
Irregularidades
El director de Defensa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira, dijo que un equipo evalúa los daños en las estructuras del inmueble, que pertenece a una red de posadas de bajo costo en Porto Alegre.
Las autoridades municipales autorizaron a las otras personas que residían en el edificio para retirar algunas pertenencias y ser llevadas a otros albergues.
En 2013, la ciudad de Santa Marta, también en Rio Grande do Sul, fue escenario de un incendio en una discoteca que dejó 242 muertos.
La mayoría de las víctimas perecieron asfixiadas por la nube tóxica despedida por el material inflamable del techo del local, que carecía de extintores que funcionaran y con solo dos puertas frontales para evacuar a una multitud, según la investigación.
Casi nueve años después, la justicia condenó a penas de prisión de entre 18 y 22 años a los cuatro acusados por aquella catástrofe.
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