Por: Fabrizio Casari
La nueva ley que regulará las actividades de las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, dibujando los contornos de su actuación, se llama «Alianza de Asociación». La nueva ley redefine y especifica su naturaleza jurídica, señalando la asociación con el Estado nicaragüense como la única forma contractual posible para su trabajo. En esencia, la nueva ley se basa en dos aspectos, uno de carácter jurídico-administrativo y otro de carácter eminentemente valórico, directamente vinculado a los fines de la intervención de las ONG, que no puede dejar de contemplar una presencia de carácter subsidiario sobre la base del principio de solidaridad y cooperación.
En el primer aspecto, la ley calca y amplía las disposiciones anteriores sobre la materia, inspiradas en la ley aprobada por el gobierno liberal de Violeta Chamorro en 1995, actualizada posteriormente tras el intento de golpe de Estado de 2018. Reitera la obligación de transparencia administrativa como para todas las asociaciones, y significativamente el seguimiento constante de la financiación, el cumplimiento estricto de la funcionalidad de los órganos sociales y la información precisa de los flujos de gasto. Reitera la obligación de informar sobre los fondos procedentes del exterior y de instituciones extranjeras y la obligación de documentar su cuantía, finalidad y uso.
En esto, aun considerando la obligación derivada de la pertenencia de Nicaragua al foro internacional que lucha contra el lavado de dinero y el tráfico ilícito de divisas, poco se puede decir. La ley se mueve en el surco correcto, que ve al Estado central responsable del buen funcionamiento y la correcta actuación de toda entidad, sea privada, pública o internacional, que opere en territorio nacional.
Es en el plano más estrictamente valorativo donde la nueva ley presenta una novedad respecto a leyes anteriores e incluso similares vigentes en otros países, a saber, el carácter asociativo con el Estado. En la práctica, el Estado nicaragüense ofrece y exige a las ONG un plan de colaboración definido como «Alianza de Asociación».
Especifica que sus presencia, acompañada de documentación general y detallada sobre los proyectos a realizar, debe ser notificada al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de Relaciones Exteriores, y exige a cada ONG la presentación de propuestas detalladas sobre temas concretos de acuerdo con su definición o vocación. Estas propuestas, una vez comprobado el interés público, constituirán la base de la «Asociación Alianza» con el Estado destinatario de las obras.
Por supuesto, el gobierno puede aceptar o no los proyectos, pero en todo caso se asegurará de que todos los procedimientos se lleven a cabo de acuerdo con la ley, como garantía mutua. Una vez finalizado el proyecto en su totalidad, se podrá pasar a una nueva propuesta. Queda claro, sin embargo, que ningún proyecto estará exento de las correspondientes obligaciones fiscales: lo que, además de representar un principio de cordura jurídica, evita potencialmente cualquier tipo de ventaja que pudiera dar lugar a una posible competencia desleal con empresas nacionales que quisieran probar suerte en proyectos similares.
Esta ley es sin duda una novedad para todos los países que ven la presencia de organizaciones no gubernamentales, pero si la examinamos más de cerca nos encontramos con una concepción precisa de su actividad. En efecto, se trata de la sustancia valorativa contenida en el principio de subsidiariedad, en virtud del cual las ONG actúan o deberían actuar. Es decir, interviniendo para complementar y ayudar a las obras públicas y actividades sociales del Estado con proyectos específicos. Anuncia un control riguroso del cumplimiento de los proyectos aprobados y precisa la finalidad del trabajo de las ONG en el terreno, que sólo puede darse en un contexto de solidaridad y fraternidad con el bien de Nicaragua como fin último.
La actualización de la ley que establece el marco general en el que las ONG ejercen su función de apoyo subsidiario a la creación de obras sociales, se hizo necesaria precisamente por la bien establecida función de apoyo a la desestabilización sociopolítica que muchas ONG apoyan actuando como representantes sustanciales de los intereses de Washington.
Como se demostró en Nicaragua, pero también en Cuba y Venezuela, el gobierno de EEUU y la UE, en alianza con las jerarquías eclesiásticas, el latifundio y la derecha golpista, jugaron un papel subversivo y provocador; esto se debió a una disciplina que, aunque clara, dejó un amplio margen de maniobra al evitar un control continuo y en profundidad. Esto por un genuino sentido de gratitud y discreción hacia los organismos internacionales, por supuesto, pero sobre todo porque hasta 2018 no había quedado claro el papel estratégico de las ONG en los procesos subversivos dentro de los países que EEUU y la UE pretenden desestabilizar y conducir hacia una crisis política definitiva.
Las llamadas ONG, financiadas por diversas agencias estadounidenses, en lugar de trabajar en subsidiariedad con las organizaciones públicas y comunitarias (como hubiera sido su cometido) se dedicaron durante años a organizar la oposición, a la educación política, a construir la disidencia y a preparar a sectores sociales e individuos para la confrontación con la autoridad política gobernante.
En 2018, demostraron claramente en Nicaragua que, lejos de representar una dimensión de solidaridad y generosidad, eran una fuerza opositora agresiva, lobos disfrazados de corderos cuando estaban frente a las cámaras y los cuadernos o exponentes de organismos multilaterales. Su misión, una vez iniciada la fase del horror, pasó a ser convertir a matones armados en estudiantes pacíficos y culpar de sus crímenes a una policía que, obedeciendo las órdenes del Presidente, estaba estacionada en sus comisarías. El objetivo era difundir una imagen totalmente distorsionada de lo que estaba ocurriendo para influir positivamente en la opinión pública internacional y predisponerla a una intervención extranjera si se daban las condiciones para ello. Junto con la Iglesia Católica, las ONG representaban el vértice hipócrita y falso del golpe, su cara enmascarada para justificar lo injustificable, así como el captador de financiación internacional que funcionaba sin control debido a la peculiaridad de su misión. A las cuentas de las ONG y de la iglesia llegaban los dólares destinados al golpe y desde allí se distribuían a los terroristas alistados.
En efecto, las ONG y las Onlus se habían multiplicado en Nicaragua: eran miles y miles. Una extraña proliferación que, sin embargo, respondía a los intereses de la Casa Blanca, que había encontrado una vía de financiación fiable y oficialmente insospechada. Al fin y al cabo, la legislación estadounidense, a través de las normas de transparencia administrativa de sus agencias como USAID y muchas otras, sólo permite la financiación extranjera en ayudas a ONG, que en América Latina y desde hace al menos 15 años han modificado genéticamente su misión en zonas donde Estados Unidos necesita intervenir desde dentro.
Lo mismo ocurre con las organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones y organizaciones de derechos humanos: verdaderos canales de financiación para construir y defender el proyecto injerencista primero y golpista después. ONG que ciertamente no fueron el producto espontáneo de generosos filántropos de ultramar: las más significativas en Nicaragua pertenecían a la familia Chamorro y al antiguo MRS, que a través de ellos recibían dinero y apoyo político de Miami y Washington.
Esta nueva ley cierra definitivamente una época en la que la actualización de los métodos de penetración consagró la sempiterna voluntad de intervención directa en la vida política, social, cultural y mediática del país.
Hoy, frente a cualquier posible injerencia, Nicaragua se dota de un instrumento legislativo que defiende el principio de solidaridad pero lo orienta en la dirección de los intereses nacionales. Representa la voluntad de abrirse a la contribución de los honestos y la capacidad de cerrarse a la injerencia; es la capacidad de desenmascarar las operaciones desestabilizadoras y valorar el bien común y las necesidades populares. Es el respeto a éstas, así como a la naturaleza institucional del país, que pone en su lugar la acogida y la solidaridad, las alianzas y el reparto. Eso abre los brazos pero agudiza la visión e impide la transformación de la cooperación en conspiración. Esta es la tarea.