La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Reforma a la Ley Número 89, Ley de «Autonomía de las Instituciones de Educación Superior», impulsada por el Presidente de la República, el 25 de septiembre. Esta reforma busca garantizar un uso adecuado de los recursos asignados a las universidades, provenientes del 6 por ciento constitucional, con el fin de mejorar la gestión y transparencia en el uso de estos.
La reforma a la Ley No. 89 reafirma que los bienes e ingresos de las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior serán administrados plenamente por estas instituciones, sin estar sujetos al pago de impuestos de ninguna índole. Además, ratifica la asignación del 6% constitucional a estas entidades y asegura las capacidades de pago de las universidades públicas, garantizando su autonomía financiera para la gestión de sus recursos.
La diputada Ángela Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, señaló que la reforma también insta a las instituciones de educación superior a adoptar medidas amigables con el medio ambiente. Esto incluye el uso eficiente de servicios básicos como energía, agua y telefonía, promoviendo una gestión más sostenible y eficaz en el manejo de estos recursos.
“Esta reforma llevará a nuestras instituciones de educación superior a hacer más amigable con el medio ambiente, ahorrando energía y el vital líquido, como es el agua y la telefonía, de manera que las instituciones de educación superior deben de tomar las medidas necesarias a fin de cumplir con el pago de estos servicios. Esto va a permitir ser más eficientes con los recursos de nuestro gobierno, de manera que estamos apoyando esta iniciativa“, destaca Espinoza en su intervención.
El artículo 125 de la Constitución Política de Nicaragua establece que las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior disfrutan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, conforme a la ley. Además, señala que estas instituciones están exentas de todo tipo de impuestos y contribuciones fiscales, regionales y municipales.
Con esta reforma, el 6 por ciento constitucional destinado al Sistema Educativo Superior queda plenamente ratificado, asegurando así el financiamiento continuo para las universidades públicas. Asimismo, se reafirman las capacidades de pago de estas instituciones, garantizando su sostenibilidad financiera y operativa.
