La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este 26 de agosto la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), una normativa que fortalece el sistema jurídico nacional, centraliza funciones y refuerza la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La iniciativa, enviada por la Presidencia de la República, fue aprobada de forma unánime con 91 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.
La nueva PGJ, adscrita a la Presidencia de la República con independencia funcional, será la máxima instancia de representación legal del Estado, encargada de proteger el patrimonio público y garantizar la defensa de los intereses supremos de la nación. El Procurador General tendrá rango de Ministro de Estado y amplias facultades de supervisión y coordinación.
Esta institución tendrá a su cargo la persecución de delitos graves como corrupción, lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado y delitos ambientales. Además, sus dictámenes y resoluciones serán de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas, lo que refuerza su autoridad en el resguardo de los bienes de la nación.
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La ley también otorga a la Procuraduría la capacidad de ejercer directamente la acción penal en defensa del Estado, complementando el trabajo del Ministerio Público. Asimismo, integra bajo su rectoría al Ministerio Público, las Notarías del Estado, la Intendencia de la Propiedad y el Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP), con el fin de fortalecer el sistema de administración de bienes y la seguridad jurídica. Con estas reformas, la PGJ asume un rol central en la defensa del patrimonio económico, natural, cultural y jurídico del país, garantizando además la emisión de títulos de propiedad y la regularización de bienes del Estado.
Durante la asamblea, diputadas y diputados destacaron que esta normativa representa una “muralla de dignidad” frente a la corrupción y un paso histórico para fortalecer el Estado de Derecho y la soberanía nacional. La aprobación de la ley también implica la derogación de normativas anteriores: la Ley N.º 411, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (publicada en La Gaceta, N.º 105, 9 de junio de 2021), la Ley N.º 346, Ley Orgánica del Ministerio Público (publicada en La Gaceta, N.º 32, 20 de febrero de 2024) y la Ley N.º 586, Ley de Carrera del Ministerio Público (publicada en La Gaceta, N.º 170, 21 de septiembre de 2023).
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia entrará en vigencia tras su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, marcando el inicio de una etapa de mayor coordinación institucional, transparencia y defensa de los intereses del pueblo nicaragüense.
