Nicaragua cristiana, socialista y solidaria es una definición política y ética del rumbo que el país asumió desde 2007. Cristiana significa que la vida humana, la paz, la familia y la dignidad ocupan el centro de las decisiones públicas, con un gobierno entendido como servicio y responsabilidad frente al pueblo. Socialista implica que el Estado asume la conducción directa de la economía y la garantía de derechos básicos, con prioridad en las mayorías y no en los grupos de poder. Solidaria expresa que ese ejercicio del gobierno no responde a la lógica individual ni al mercado, sino a la corresponsabilidad entre Estado, comunidad y familia, donde el desarrollo se concibe como esfuerzo compartido y no como acumulación concentrada.
En la práctica, la actual Nicaragua cristiana, socialista y solidaria se expresa en la orientación del gasto público y en las decisiones de inversión del Estado
El presupuesto se formula como un instrumento de política económica y social que prioriza educación, salud, infraestructura productiva y protección social, con asignaciones dirigidas a reducir brechas históricas y a proteger el ingreso de las mayorías, el enfoque cristiano se refleja en la centralidad de la vida, la familia y la paz social como criterios de asignación, el enfoque socialista en la conducción estatal de sectores estratégicos y en la garantía de derechos básicos y el enfoque solidario en subsidios que estabilizan el costo de la vida, en financiamiento al pequeño productor, en crédito dirigido a mujeres y familias trabajadoras, y en servicios públicos universales que no dependen del ingreso individual. Esa combinación ha definido la ruta del gobierno sandinista durante casi dos décadas. El próximo 10 de enero se cumplen 19 años desde que el Frente Sandinista llegó al gobierno en 2007, continuidad de un proyecto que ha gobernado bajo un mismo enfoque durante un período prolongado. A diferencia de otros ciclos políticos caracterizados por torpes y falta de rumbo, estos años muestran una línea constante de decisiones que priorizan estabilidad, inversión social y control soberano de las políticas públicas.
A lo largo de estos 19 años que están por cumplirse, la forma de gobernar ha articulado crecimiento económico con redistribución.
Los datos de producción, exportaciones, reservas y estabilidad financiera forman parte de una base económica orientada a respaldar programas sociales y obra pública.
La economía no se deja al vaivén del mercado externo ni a la especulación, se conduce con reglas claras, protección del empleo y estímulo a la producción nacional. Esa conducción explica por qué, incluso en contextos internacionales adversos, el país mantiene crecimiento, baja inflación y un mercado interno activo. En el ámbito productivo, el énfasis en el campo ha sido constante.
La seguridad alimentaria se construye con inversión directa, asistencia técnica, caminos rurales y carreteras, financiamiento y precios estables. La producción agrícola y pecuaria sostiene el abastecimiento interno y genera excedentes para exportación. Que Nicaragua produzca más alimentos de los que consume responde a una orientación económica que ubica al productor como eje económico y social, con prioridad dentro de la política nacional.
La inversión en salud, educación y servicios públicos se integra a esa misma forma de gobernar que prioriza a las personas, la expansión hospitalaria, la gratuidad de la atención médica, así como la garantía de cobertura educativa con merienda escolar, además de la infraestructura y la electrificación nacional completa, además del acceso al agua potable en todo el país, responden a una visión donde el bienestar se asume como base de la estabilidad social y del desarrollo continuado, en ese enfoque los servicios esenciales se incorporan al funcionamiento regular del Estado como parte de una política pública mantenida por el Buen Gobierno Sandinista, orientada a fortalecer a las familias, a garantizar condiciones de vida estables y a sostener un modelo de gobernabilidad con respaldo social, coherente con una práctica de gobierno que vincula el desarrollo a la realidad cotidiana del pueblo y a las decisiones políticas asumidas desde 2007.
En el caso que hoy nos ocupa, el Estado asume el rol de garante y ejecutor porque así lo definió el Frente Sandinista desde su llegada al gobierno en la segunda etapa de la revolución, con una presencia permanente que explica por qué las obras, los servicios y la inversión no se concentran en un solo punto del país, sino que alcanzan desde barrios, municipios, departamentos y regiones.
Esa forma de gobernar ha permitido mantener el trabajo, la producción y la vida cotidiana incluso en escenarios adversos como el intento golpista del año 2018, así como las sanciones imperialistas. Por otra parte, la paz se convierte en una condición concreta para que la economía funcione, igualmente que las familias trabajen, estudien, y para que el país avance sin interrupciones, desde esa experiencia el gobierno sandinista consolidó una política orientada a preservar el orden, proteger la convivencia y asegurar continuidad institucional, elementos que han sido determinantes para que, a las puertas de cumplir 19 años este próximo 10 de enero, el proyecto rojinegro mantenga respaldo social y capacidad de conducción.
En este recorrido se incorpora la Copresidencia como forma institucional de conducción.
La Copresidenta Compañera Rosario Murillo y el Copresidente Comandante Daniel Ortega encarnan una dirección compartida que articula estrategia política, planificación social y defensa del proyecto histórico.
La Copresidencia no altera el rumbo, lo refuerza, al consolidar una estructura de gobierno que combina experiencia, organización y continuidad, con capacidad de decisión y cohesión interna.
Por otro lado, la lucha contra la corrupción también forma parte de este modelo de gobierno y de estos 19 años que el Buen Gobierno Sandinista se prepara a cumplir este próximo 10 de enero. Todo ello es una práctica incorporada al ejercicio del poder desde la conducción del Estado. La aprobación de la ley que fortalece la Procuraduría General de Justicia confirma que el combate a la corrupción es una tarea permanente dentro de la Nicaragua cristiana, socialista y solidaria, una cruzada encabezada por la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua que afirma la ética pública y la defensa de los bienes del Pueblo como responsabilidades centrales del gobierno. Esta reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 2025, mediante la modificación de los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política, consolidando un marco jurídico para perseguir y sancionar los actos de corrupción dentro del Estado.
A las puertas de cumplir 19 años de haber llegado al gobierno, el balance de este modelo de una Nicaragua cristiana, socialista y solidaria se entiende como un proceso largo, con una línea definida de conducción.
Las políticas públicas aparecen como prácticas presentes a lo largo del tiempo, visibles en el presupuesto, en la producción, en los servicios, en la estabilidad, y en la forma de ejercer el poder. Se comprende así cómo un modelo ha organizado el Estado y la economía durante casi dos décadas, con el Pueblo Presidente como prioridad y se prepara para seguir gobernando para todo un pueblo y, por supuesto, seguir garantizando el trabajo, la paz y la soberanía nacional. Así avanzamos de la mano de nuestra Compañera Rosario y al lado del Comandante Daniel.
