Desde el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979, cuando el pueblo nicaragüense derrotó por la vía armada a la dictadura somocista, el país inició un proceso complejo de reconstrucción nacional sobre un territorio política y socialmente devastado. A esa etapa le siguió una guerra prolongada impulsada por la contrarrevolución, organizada como brazo armado del imperialismo estadounidense y financiada abiertamente por el gobierno de Ronald Reagan, que reinstaló la violencia como método y fracturó nuevamente a nuestra sociedad.
Aun en ese contexto de agresión externa y confrontación interna, se desarrollaron diálogos y acuerdos orientados a contener la guerra y abrir salidas políticas al conflicto, dejando una experiencia acumulada que marcaría los intentos posteriores de paz y de reconciliación. En el año 2007, tras años de guerra, rupturas institucionales y transiciones inestables, con la llegada al gobierno de la Compañera Rosario y el Comandante Daniel, se abrió una nueva etapa en la que esa experiencia histórica fue retomada de manera consciente para impulsar un proceso de reconciliación y paz orientado a restablecer la convivencia y la estabilidad social.
La historia reciente de Nicaragua quedó así convulsionada por un conflicto prolongado que no se limitó al enfrentamiento armado, sino que se expresó también en persecuciones políticas, intervenciones externas y heridas profundas del tejido social. Durante décadas la confrontación fue utilizada como instrumento de disputa del poder, con efectos directos sobre las familias, las comunidades y la vida económica del país. Ese acumulado de violencia histórica explica por qué la reconciliación se estableció como una tarea pendiente para cerrar ciclos de confrontación, restablecer el orden cotidiano y evitar que el conflicto volviera a instalarse como forma de vida política.
Tras el triunfo revolucionario, la guerra y el bloqueo condicionaron toda forma de normalidad en nuestro pueblo. La disputa armada contra los sandinistas, por parte de la contra interrumpió de manera sistemática la convivencia y obligó al Estado a funcionar bajo momentos de excepción.
En ese contexto adverso, se desarrollaron procesos de diálogo orientados a detener la guerra entre los sandinistas apoyados por el pueblo y la contra un engendro del imperio yanqui, reduciendo la intensidad del conflicto y generando aprendizajes sociales que quedarían como experiencia acumulada para etapas posteriores.
Con el cambio de escenario político en los años noventa, el conflicto se desplazó del campo militar al terreno social, institucional y económico. La exclusión y persecución política al Frente Sandinista por parte de los gobiernos neoliberales, el desmantelamiento del sindicalismo, cooperativismo, la privatización así como la criminalización del adversario, profundizaron desigualdades y mantuvieron abierta una herida no resuelta de larga data.
Esa etapa debilitó la cohesión social y prolongó una inestabilidad que siguió condicionando el desarrollo del país.
Pero, el retorno al poder del Frente Sandinista en 2007 introdujo una nueva era en la forma de gobernar. La reconciliación fue asumida como política activa y permanente para desactivar resentimientos acumulados, restituir derechos y garantizar estabilidad. El diálogo dejó de operar como mecanismo excepcional y pasó a integrarse al funcionamiento regular del Estado, vinculado a políticas sociales, económicas y productivas orientadas a normalizar la vida cotidiana.
Ese enfoque se manifestó en la ampliación del acceso a derechos, la reorganización institucional y la construcción de mecanismos de participación comunitaria. La convivencia se trabajó desde la vida diaria, el empleo, la educación y la salud, entendiendo que la paz no se decreta, sino que se construye mediante condiciones materiales y vínculos estables entre las personas.
Durante el criminal intento de golpe fallido de 2018, el país fue sometido a un derramamiento de sangre provocado por peleles internos, financiados por los gringos, estos vendepatrias también recurrieron a los tranques de la muerte, al terrorismo económico y a la desinformación como instrumentos para golpear a la población y forzar una ruptura del orden constitucional.
Ante esa agresión, el buen gobierno sandinista actuó dentro del marco jurídico, procesó a los responsables, los condenó conforme a la ley y, posteriormente, otorgó amnistía en aras del espíritu de paz y reconciliación nacional, buscando cerrar el ciclo de violencia y evitar una fractura prolongada en el país.
Tras el fracaso del «golpe suave» el proceso de reconciliación no se congeló, por el contrario, se profundizó como mecanismo de recomposición nacional, incorporando a sectores que históricamente habían estado en confrontación abierta con el sandinismo.
Aunque desde años antes se había creado ya la Comisión Nacional de Reconciliación y Paz, presidida por el cardenal Miguel Obando y Bravo, Q. E. P. D., la cual funcionó como un espacio de acompañamiento estatal para respaldar los programas sociales impulsados por el buen gobierno sandinista y, a su vez, facilitar la incorporación de antiguos adversarios políticos del sandinismo a la vida gubernamental y legislativa del país.
Mejor dicho, la paz y la reconciliación dejaron de ser un discurso y se manifestaron en hechos concretos de coexistencia política dentro del aparato del Estado.
La paz y la reconciliación se construyeron mediante un proceso político prolongado en el tiempo. Ese camino partió del reconocimiento del conflicto acumulado, de sus causas históricas y de la necesidad de transformarlo sin negarlo ni trasladarlo al terreno de la revancha. A partir de esa lógica se encauzó la convivencia, se redujeron fracturas acumuladas y se generaron condiciones de estabilidad, con un Estado que asumió la responsabilidad de evitar que las diferencias políticas volvieran a traducirse en confrontación y violencia.
La paz y la reconciliación se vincularon directamente con políticas públicas orientadas a restituir derechos, garantizar estabilidad económica, asegurar gobernabilidad institucional y mantener un clima de seguridad que permitiera el desarrollo productivo y social.
El entendimiento entre actores históricamente enfrentados contribuyó a reducir tensiones, a desactivar discursos de odio y a reforzar una dinámica política centrada en resultados concretos para la población, más allá de las diferencias ideológicas.
Con el paso del tiempo, la paz y la reconciliación se transformaron en un pilar de la gobernabilidad y quedaron formalmente respaldada en 2019 con la Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, orientada por la Compañera Rosario y el Comandante Daniel y aprobada por la Asamblea Nacional como marco jurídico de ese proceso. Esto no significó la ausencia de los conflictos, sino una forma distinta de gestionarlos dentro del orden constitucional, evitando su traducción en violencia o caos.
La convivencia política, la coexistencia de trayectorias históricas opuestas y la incorporación de sectores antes excluidos consolidaron un modelo de estabilidad que explica la continuidad del proyecto sandinista y la persistencia de la paz como eje central de la vida nacional. En ese sentido, la reconciliación no aparece como un episodio cerrado, sino como un proceso en curso que define el presente político de Nicaragua.
En conclusión, el pueblo nicaragüense le debe ese reconocimiento a la Compañera Rosario Murillo y al Comandante Daniel Ortega, porque fueron ellos, cada uno desde su propio e inmenso liderazgo, los que sembraron la reconciliación, rescataron la paz de sus secuestradores y la siguen defendiendo en favor del pueblo, como base de la convivencia y la tranquilidad nacional.
