La PDDH se encargará del seguimiento y control de la Ley de Atención Integral a Víctimas del intento de Golpe de Estado, aprobada por la Asamblea Nacional, el 29 de mayo.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) comenzará a implementar la Ley 994 de Atención Integral a Víctimas del intento de Golpe de Estado de 2018, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios sociales, seguridad y salud.
La Procuradora de los Derechos Humanos, Corina Centeno Rocha, informó que el Plan mitigará las consecuencias negativas, para el bienestar y la salud de las familias, para lograr el pleno ejercicio de los derechos y la reparación del daño.
El plan se ejecutará en coordinación con las distintas instituciones de gobierno, de igual forma, pretende involucrar autoridades que han desarrollado o aportado a la Ley 994. Asimismo, dentro de las acciones específicas se destaca la actualización de los listados de victimas, lesionados y de todas las personas que sufrieron algún daño.
“Efectuaremos reuniones interinstitucionales, con el fin de definir acciones conjuntas y dar seguimiento a la atención brindada a las víctimas y familias”, afirmó Centeno.
A través del programa “Todos Con Voz” y el gabinete de personas con discapacidad, se estarán coordinando acciones, como el levantamiento de un censo para identificar a personas que quedaron con alguna condición de discapacidad producto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año pasado, y de esta forma, garantizar atención psicosocial, salud mental y rehabilitación.
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“De igual manera con el Ministerio de la Familia vamos a coordinar acciones y elaborar censo de niños, niñas y adolescentes que quedaron en la orfandad” expresó Centeno.
La procuradora mencionó que se estarán sosteniendo encuentros con la delegación de Gobierno de Reconciliación y Unidad nacional ante la mesa de negociación, para intercambiar información y dar a conocer el plan de trabajo que se estará desarrollando.
El impacto que la Procuraduría pretende causar en la población con este plan es positivo, ya que la procuradora asegura que hay necesidad en las victimas de los actos de violencia, y que dichos acontecimientos repercutieron en la base familiar del pueblo nicaragüense.
Del mismo modo, Centeno asegura que este plan ratifica la vocación del Gobierno del FSLN para restituir los derechos fundamentales de las familias.