La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el jueves que otorgó medidas cautelares a favor del binomio presidencial electo en Guatemala, integrado por César Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, tras confirmarse amenazas de muerte.
Asimismo, la medida estuvo derivada de los múltiples acosos, así como de la denuncia de un posible plan denominado “Colosio” con el cual buscarían dar muerte al mandatario electo el pasado 20 de agosto.
De acuerdo a la resolución y denuncias previas, por aparte, también reportó la denuncia de que el intento de asesinato también podría venir de grupos de pandillas que operan en Guatemala.
Sin embargo, sobre el plan para asesinar a Arévalo, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), de la Presidencia de Guatemala, aseguró que no tenía conocimiento, mientras que la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) señaló que no existía una “amenaza real”.
Por otro lado, Arévalo dijo el propio jueves, que se aceptaron las medidas cautelares a partir de la serie de notificaciones que hay, que les hacen tener la existencia de amenazas directas con su persona, «estamos coordinando con el Gobierno de la República que ya respondió que dijo que vamos a establecer las medidas necesarias para el efecto».
En la actualidad el presidente electo, cuenta con un esquema de seguridad que le brinda protección y que incluye agentes del Estado.
En la Resolución 48/2023 de la CIDH, con la cual otorgó medidas cautelares, la Comisión resalta que el equipo de seguridad de Arévalo recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo.
La estrategia tendría como actores para dar muerte a Arévalo a agentes estatales e individuos particulares, según detalla el documento de la CIDH, el cual menciona que este plan habría sido conocido por tres fuentes dentro de instituciones estatales, «con alto grado de fiabilidad y que no se conocen entre sí».
A su vez, la CDIH expresó que el Estado guatemalteco no habría detectado los riesgos mediante una investigación adecuada que determine los responsables del plan y que, por el contrario, el Estado guatemalteco se habría limitado a indicar que no se recibieron denuncias, pese a que los hechos debían ser perseguidos de oficio y tenía conocimiento de estos.
En esta misma línea, la Comisión también señaló preocupación, ya que estos señalamientos se dan luego del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, puesto a que se habrían utilizado frases como las siguientes:
Al mismo tiempo, la Comisión pidió al Estado guatemalteco que informe, dentro de un plazo de 15 días, a partir de la notificación, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar la información en forma periódica.
La resolución detalla que fue aprobada este jueves, por Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión, así como por Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta; Roberta Clarke, Segunda Vicepresidenta; Julissa Mantilla Falcón, y Carlos Bernal Pulido, integrantes de esta entidad, y fue entregada por la secretaría ejecutiva, a cargo de Tania Reneaum Panszi.
Tomado de: TeleSUR