La directora del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), Gabriela Palacios, destacó en el programa Detalles del Momento de Canal 6, los avances sustanciales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la restitución del derecho a una vivienda digna para las familias nicaragüenses.
subrayó que el derecho a una vivienda adecuada dejó de ser un privilegio para unos pocos, convirtiéndose en una realidad para miles de familias gracias a los esfuerzos sostenidos del Gobierno Sandinista desde 2007. “La vivienda ha sido históricamente una de las principales demandas de nuestro pueblo, y hoy es una de las políticas sociales mejor valoradas por su impacto y alcance”, expresó.
Desde 2007, bajo la conducción del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, se ha consolidado un modelo político y jurídico que reconoce la vivienda como un derecho humano y constitucional. Este compromiso se traduce en políticas públicas concretas, como la creación de la Ley 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción y Acceso a la Vivienda de Interés Social, la cual establece incentivos económicos y fiscales para facilitar el acceso a viviendas a bajo costo.
Hasta la fecha, el INVUR ha logrado impactar a más de 146,446 familias, con la meta de alcanzar las 150 mil viviendas construidas antes de finalizar 2025. Esto incluye programas ejecutados directamente por el INVUR, en conjunto con alcaldías y el sector privado.
Uno de los programas más emblemáticos es el Programa Bismarck Martínez, que inició como una estrategia para asignación de lotes, y ha evolucionado en un sistema integral de acceso a viviendas. Palacios explicó que, si bien los lotes no son gratuitos, las familias los adquieren con esfuerzo propio, lo que les brinda sentido de pertenencia y compromiso.
“El que tiene su casa, su lote, lo cuida. Lo atesora. Y eso fortalece lo más importante: la unidad del núcleo familiar”, afirmó.
El programa ofrece subsidios directos a las familias que oscilan entre 2,500 y 3,500 dólares, facilitando así la prima para acceder a viviendas de hasta 30,000 o 40,000 dólares. Además, se complementa con financiamiento a través de la banca comercial y un fideicomiso estatal, dirigido especialmente a quienes no califican en los bancos tradicionales.
En este sentido, el INVUR ha logrado colocar más de 48 millones de dólares en créditos hipotecarios bajo condiciones favorables, beneficiando a 3,300 familias. Palacios enfatizó que el comportamiento de pago ha sido excelente, con una mora mínima, lo que refuerza la confianza de las entidades financieras en seguir apoyando estos programas.
“El que quiere su vivienda, la paga. Las familias están priorizando ese derecho sobre otros gastos. Esa voluntad demuestra que el modelo funciona”, agregó.
El INVUR también trabaja en estrecha coordinación con el sector privado y las urbanizadoras, quienes han desarrollado una amplia gama de proyectos habitacionales, incluyendo viviendas de interés social. Para fortalecer esta relación, se realizan regularmente las Ferias Nacionales de la Vivienda, espacios donde convergen desarrolladores y familias. En la última edición, realizada en abril de 2025, participaron más de 80 expositores.
Palacios también informó sobre tres nuevos proyectos habitacionales que el Gobierno ejecuta directamente con crédito, en los municipios de Estelí, Chinandega y Nagarote, que contemplan 312 viviendas de 48 m², construidas con materiales prefabricados, sobre lotes de 240 varas cuadradas y con todos los servicios básicos, áreas comunes y sistemas de tratamiento de aguas residuales.
“Estas viviendas no solo son funcionales, sino que garantizan calidad humana, confort y dignidad. Vamos a seguir ampliando la oferta, no solo con apoyo del sector privado, sino también desde el Estado”, afirmó.
Además, la titular del INVUR recordó que el instituto también tiene un rol regulador en el sector de bienes raíces, según la Ley 1129, la cual otorga al INVUR la rectoría de la correduría de bienes raíces. Bajo esta ley, el instituto otorga licencias a corredores y agentes inmobiliarios, y garantiza la legalidad y transparencia de sus operaciones. Este paso fortalece la lucha contra el lavado de activos y garantiza seguridad jurídica tanto para vendedores como compradores.
“Hoy, cualquier agente de bienes raíces debe tener una licencia válida. Y la banca exige que el origen de los fondos en las transacciones esté plenamente justificado. Esto brinda confianza al mercado y estabilidad para los inversionistas”, explicó Palacios.
Finalmente, hizo un llamado a los corredores de bienes raíces a regularizar su estatus legal, recordando que el INVUR brinda acompañamiento técnico y jurídico durante todo el proceso de licencia.
“Queremos proteger al comprador, al vendedor, y al inversionista. Todo esto hace parte de una política de vivienda seria, responsable y humana. Porque una vivienda digna no es una mercancía: es un derecho que fortalece a la familia y a la nación”, concluyó.
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