El diputado del FSLN ante la Asamblea Nacional, Carlos Emilio López, explicó en la Revista en Vivo de Canal 4 que la recién creada Procuraduría General de Justicia será una institución constitucional del Estado Revolucionario, encargada de luchar, fiscalizar, prevenir, investigar y sancionar todo acto de corrupción cometido por servidores públicos que atenten contra los bienes, patrimonios y recursos del pueblo y del Estado.
López indicó que esta institución surge de una reforma constitucional aprobada por unanimidad en el Parlamento, cumpliendo con el requisito de contar con el respaldo de al menos un tercio de los diputados para su presentación. La medida refleja, dijo un acuerdo absoluto entre las fuerzas legislativas para enfrentar la corrupción “de manera frontal y sin miramientos”.
El legislador definió la corrupción como el uso indebido de autoridad, facultades o recursos para beneficio particular en detrimento de los intereses colectivos, y recordó que desde 2007 el Gobierno del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo ha combatido esta práctica sin tolerancia, fortaleciendo la transparencia y la ética en la gestión pública.
Entre las funciones, la nueva Procuraduría protegerá todo tipo de patrimonio público: económico, social, cultural, ambiental, jurídico y político. Defenderá, precisó, recursos financieros, tierras, edificios, vehículos, infraestructura, aguas, bosques, biodiversidad, bienes ancestrales, arqueológicos y contratos de interés económico para el pueblo.
La reforma fusiona la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, de forma que la nueva institución asumirá tanto la representación legal del Estado como la acusación penal en nombre de la sociedad y las víctimas de delitos. Esto incluye perseguir delitos contra el Estado, delitos comunes, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado. “Estamos regresando al modelo que existía en la primera etapa de la Revolución, donde la Procuraduría General de Justicia realizaba ambas funciones”, señaló.
El titular o la titular de la Procuraduría será designado por la Presidencia de la República, integrándose al órgano de control y fiscalización del Estado. Asimismo, se deroga el artículo que otorgaba a la Asamblea Nacional la facultad de nombrar al Fiscal General y al Fiscal Adjunto, eliminando así la Fiscalía como institución independiente.
López recordó que, históricamente, bajo gobiernos liberales y conservadores, la corrupción fue generalizada, citando los despojos del somocismo y las privatizaciones de los años 90, que beneficiaron a las élites económicas y transnacionales “a precio de guate mojado”, mientras aumentaba la desigualdad.
El diputado subrayó que la lucha contra la corrupción es también una lucha contra la pobreza, pues proteger los recursos del pueblo permite destinarlos a educación, salud, infraestructura, programas sociales y desarrollo económico. “Nuestro Estado Revolucionario es un Estado de honestidad, que devuelve los impuestos transformados en obras y servicios para las familias y comunidades”, dijo.
Finalmente, resaltó que la Procuraduría será clave para salvaguardar las conquistas sociales y los avances en desarrollo humano alcanzados en esta segunda etapa de la Revolución, operando bajo los principios de independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad y paz.
