La procuradora General de la República, Wendy Morales destacó en el programa Detalles del Momento de Canal 6 que, que con la publicación en La Gaceta, Diario Oficial, entró en plena vigencia la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), una institución con nuevas atribuciones y mayor coordinación interinstitucional.
Morales subrayó que la transformación no implica una ruptura, sino una continuidad fortalecida de la labor que ya venía ejerciendo la PGR. “No estamos hablando de una superprocuraduría ni de usurpación de funciones. Lo que existe es una reorganización legal que consolida lo que ya hacíamos y que ahora se amplía para garantizar transparencia, eficiencia y lucha contra la corrupción”, aseguró.
Funciones reforzadas y nuevas atribuciones
De acuerdo con la procuradora, la PGJ mantendrá la representación legal del Estado en causas penales, ambientales, laborales, de familia y de propiedad, pero ahora se añaden elementos clave que antes estaban dispersos:
• Mayor coordinación con el Ministerio Público en materia penal, con el propósito de agilizar la atención a las víctimas y fortalecer la representación del Estado.
• Creación de la Procuraduría de las Municipalidades, que acompañará a los gobiernos locales en la ejecución de proyectos y uso adecuado de las transferencias estatales.
• Administración de los Registros Públicos de la Propiedad y de las Cooperativas, que permite reducir significativamente los tiempos de respuesta. Trámites que antes tardaban hasta 30 días ahora pueden resolverse en uno, dos o cuatro días.
• Supervisión del actuar de los funcionarios públicos, garantizando el uso correcto de los recursos y fortaleciendo la confianza ciudadana.
“Todos contra la corrupción”
La procuradora Morales enfatizó que la PGJ nace bajo el lema “Todos contra la corrupción”, recordando a los servidores públicos su deber con la nación. “Nuestro salario se paga con los impuestos de todos los nicaragüenses. Esta Procuraduría está para velar por los intereses de la nación y para recordar a cada funcionario que debe actuar con honestidad y responsabilidad”, señaló.
Agregó que la corrupción no solo se refiere a grandes desfalcos, sino también a pequeñas prácticas indebidas que dañan el patrimonio público: “Desde el trabajador más pequeño hasta el más alto funcionario, todos deben tener claro que llevarse un simple lapicero o atrasar un trámite también constituye corrupción”.
Coordinación con la Contraloría
Otro de los ejes que fortalece la nueva Ley Orgánica es la coordinación con la Contraloría General de la República, que recientemente fue reformada. Ahora la Contraloría puede realizar auditorías en tiempo real, sin esperar al cierre presupuestario, y la PGJ está facultada para ejecutar las acciones correspondientes de manera inmediata.
“Con esta articulación se formaliza en la ley lo que ya veníamos haciendo: trabajar junto a la Contraloría en la recuperación de glosas y en procesos legales contra quienes lesionan los intereses de la nación”, explicó Morales.
Un cambio para mejorar la atención ciudadana
La titular de la PGJ aseguró que la transformación busca no solo reforzar el control interno del Estado, sino también mejorar la atención a la ciudadanía. Ejemplo de ello son los nuevos plazos reducidos en los registros públicos y la simplificación de trámites en cooperativas.
“El pueblo debe sentir el cambio. Si antes se hacían bien las cosas, ahora deben hacerse mejor. Combatir la corrupción va de la mano con brindar una atención ágil y transparente a las familias nicaragüenses”, expresó Morales.
Con la entrada en vigor de esta nueva estructura, Nicaragua consolida a la Procuraduría General de Justicia como una institución clave en la defensa de los intereses estatales, la garantía de legalidad y la lucha frontal contra la corrupción.
