Un efecto de la agresión militar y económica occidental contra la Federación Rusa ha sido la destrucción de las relaciones comerciales y energéticas entre la Federación Rusa y Europa. Queda a ver si la creciente agresión estadounidense y europea contra la República Popular China con el pretexto de defender a Taiwan tendrá un efecto similar. De todas maneras, la crisis en desarrollo en las relaciones occidentales con la Federación Rusia y la República Popular China tiene un impacto notable en los países de América Latina y el Caribe.
Desde febrero de 2022, aparte de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la mayoría de los gobiernos de la región han apoyado algunas votaciones en las Naciones Unidas contra Rusia por motivo de su Operación Militar Especial en Ucrania. Sin embargo, ningún gobierno de la región ha cedido a las presiones de parte del gobierno estadounidense para que apoyaran a Ucrania de manera material en la guerra de la OTAN contra la Federación Rusia. En relación a China, casi todos los países de la región reconocen a la República Popular China y el principio de una sola China.
De los países latinoamericanos, solamente Belice, Guatemala y Paraguay reconocen a Taiwan, y en el Caribe, solamente Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, y San Cristóbal y Nieves. Honduras acaba de cambiar su política para ahora reconocer a la República Popular China y es probable que procederá rápidamente a negociar un acuerdo comercial. La semana pasada se entró en vigor el tratado de cosecha temprana entre China y Nicaragua. La semana pasada también Ecuador firmó con la República Popular China un tratado de libre comercio.
Chile ha tenido un tratado de libre comercio con China desde 2005, Perú desde 2009 y Costa Rica desde 2011. China compra más de la tercera parte de las exportaciones minerales y petróleos de América Latina y el Caribe y más de 20% de sus exportaciones agropecuarias. El valor del comercio entre China y la región alcanzó US$450 mil millones en 2021. Ahora Argentina y Brasil comercian con China por medio del yuan, la moneda china, y Bolivia propone hacer lo mismo en un futuro cercano.
Aparte de Belice, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Paraguay, todos los países de América Latina son miembros de la Iniciativa de la Franja y La Ruta promovida por China. Chile, Ecuador, Perú y Uruguay son también miembros del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Brasil es miembro con China del grupo de países BRICS. Para México, desde 2003 China ha sido su segundo socio comercial más importante y México es el segundo socio comercial más importante para China en América Latina, después de Brasil. Para Brasil, China desde hace muchos años ya pasó a ser su principal socio comercial.
Para dar un idea del alcance regional de los proyectos de infraestructura y otros financiados actualmente por China se puede mencionar obras como un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, una nueva línea de metro en Bogotá, extensos servicios portuarios de dragado para los puertos de Argentina, Brazil y Uruguay, un puente en el capital de Guyana, una gran carretera en Chile y un importante hospital en Trinidad y Tobago. Estados Unidos no promueve proyectos de infraestructura de este tipo en la región. Mientras China también promueve importante inversión directa, especialmente por medio de fusiones y compras de empresas en la región, recientemente con un enfoque en el sector de la energía eléctrica en Perú y en Chile.
Por supuesto, las élites corporativas estadounidenses y europeas ven como una amenaza este desarrollo de relaciones con América Latina y el Caribe de un alternativo centro de poder comercial y económico mundial. Es lógico, entonces, esperar una presión política más intensa de parte del occidente sobre los gobiernos de la región para frenar e impedir mayor crecimiento del comercio, financiamiento e inversión china en la región. Un aspecto de esta presión intensa ha sido la abierta agresión y desestabilización de parte de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Estos países de la Alianza Bolivariana de Nuestras Américas han podido enfrentar las agresiones de Estados Unidos gracias a sus excelentes relaciones con Rusia y China. Pero han sido muy consistentes en reconocer el emergente orden mundial multipolar al promover muy buenas relaciones con Irán y Turquía, con Arabia Saudita y otros países árabes, con la India y otros países de Asia y con diferentes países africanos. Por contraste la situación de los gobiernos de otros países en la región es más complejo. Ellos quieren tener los beneficios de relaciones más amplias con China a la vez que esperan poder mantener relaciones amistosas con un Estados Unidos que nunca ha abandonado la Doctrina Monroe.
Ahora que las élites estadounidenses se han dado cuenta que no pueden vencer a China y Rusia, aspiran a lograr la misma completa sumisión política y económica de América Latina y el Caribe que han logrado en el caso de Europa. Esta realidad refuerza con mayor urgencia el histórico imperativo de Estados Unidos de imponer su dominio regional en América Latina y el Caribe. Como siempre sus élites buscan avanzar sus intereses por medio de alianzas con las fuerzas políticas locales, tradicionalmente las oligarquías, dispuestos a traicionar sus países porque identifican sus intereses con los intereses regionales de las élites occidentales.
Este tipo de traición vendepatria ha llevado Argentina a una posición neocolonial en sus relaciones con Estados Unidos por motivo de la maniobra del gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri de abusar la deuda externa negociada de manera anómala con el Fondo Montario Internacional. Pero aparte de la vieja práctica de la aplicación desleal de la deuda externa, aliados locales de Estados Unidos también están aplicando variaciones de las técnicas de “lawfare”, el abuso del sistema judicial con fines políticos. En las últimas semanas se han dado varios ejemplos de este fenómeno, adaptado para intervenir en procesos políticos y electorales a favor de la oposición a los gobiernos progresistas de México, Colombia y, de nuevo, Argentina.
En México, la Corte Suprema ha sentenciado contra reformas aprobados en el Congreso, las cuales el Presidente Andrés Manuel López Obrador considera esenciales para su ambicioso programa de lograr completar una “cuarta transformación” en su país. En Colombia, la Corte Suprema se ha alineado con el Fiscal de la República quien ha criticado las políticas de seguridad del Presidente Gustavo Petro para lograr su visión de “paz total” para el pueblo colombiano y resistido gestionar la investigación de cientos de asesinatos por el crimen organizado. En Argentina, luego del reciente veredicto anómalo de la Corte Suprema contra la ex-Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Corte ha vuelto a emitir una sentencia políticamente sesgada para invalidar de una manera favorable a la derecha elecciones en dos provincias.
Esta serie de choques de parte del poder judicial contra el poder ejecutivo en México, Colombia y Argentina sigue un patrón de actuación judicial para politizar los sistemas de justicia constitucional y de justicia penal que ya fue desarrollado en otros países de la región. Por ejemplo, en El Salvador la Corte Suprema, en repetidas sentencias políticamente sesgadas, hizo imposible para el gobierno del Presidente Sánchez Cerén implementar el programa de gobierno del FMLN. El ataque judicial contra Cristina Fernández sigue el patrón establecido en los casos de Lula da Silva en Brasil, Jorge Glas y Rafael Correa en Ecuador y Pedro Castillo en Perú.
El caso de Argentina es el más emblemático porque combina el abuso de la deuda externa y el abuso del sistema judicial para enredar un gobierno de corte progresista en una serie de dificultades prácticamente imposibles a resolver. A la vez, Estados Unidos presiona políticamente para que las autoridades argentinas no desarrollen una serie de importantes proyectos con empresas chinas, desde telecomunicaciones en base a tecnología 5G hasta la industria nuclear y la infraestructura portuaria. Las repetidas visitas a Argentina y lo demás de la región por la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la General Laura Richardson, indica que para Estados Unidos estos temas tienen un significado primordial en su planificación militar.
Esto implica que en un futuro conflicto militar entre Estados Unidos y China, Estados Unidos va a atacar la capacidad de China de recibir de América Latina y el Caribe recursos esenciales para su economía. Es probable que esta realidad define de manera cada vez más insistente el enfoque de la política exterior estadounidense en la región. Y esto hará progresivamente más difícil para los países, que no adopten una clara política externa a favor del nuevo mundo multipolar, evitar caer en la posición de un obediente súbdito neocolonial que es lo que Estados Unidos ha logrado hacer con casi todos los países de Europa.
En el Encuentro de Partidos Políticos de Nuestramérica-Caribeña, de África, Asia, y del Mundo en marzo d este año, el Comandante Daniel explicó la posición de Nicaragua:
“Nuestra Revolución representa la Valentía y Dignidad de tantos Hermanos que con heroísmo y determinación han sabido expulsar a imperialistas y colonialistas invasores, y hoy, enfrentados a las mismas políticas injerencistas e interventoras, en distintas y muy similares modalidades y formas, seguimos dando todas las batallas necesarias, indispensables, para defender la Paz y el Derecho a vivir como merecemos… nuestra Nicaragua, que continúa batallando contra el dominio imperial, se solidariza plenamente con todos los esfuerzos de la República Popular China, del Partido Comunista de China, del Heroico Pueblo Chino, en cada iniciativa que promueva crecimiento civilizatorio y aprendizajes conjuntos para seguir asumiendo nuestros Derechos y Libertades plenas, participando de todas las Causas Justas y de todo lo que nos define como lo que somos : Pueblos Laboriosos, Valientes, Valerosos, Nobles, y firmes y consecuentes Defensores de la Paz, la Justicia y el Desarrollo, en un Mundo Multipolar”.
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