La Asamblea Nacional aprobó este martes dos decretos legislativos que ratifican el Tratado entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre Extradición y el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas para la Ejecución de Sentencias Penales Privativas de Libertad, ambos suscritos el 5 de junio de 2026 en la ciudad de San Petersburgo.
Las iniciativas fueron remitidas por la Presidencia de la República para su trámite de formación de ley y, por decisión de la Junta Directiva del Parlamento y con el respaldo de las jefaturas de bancada, fueron incorporadas y discutidas durante la misma sesión plenaria.
Durante la exposición de motivos del tratado de extradición, se destacó que este instrumento fortalece la cooperación jurídica internacional para combatir la impunidad, permitiendo que las personas acusadas o condenadas por delitos puedan ser entregadas al Estado requirente para enfrentar la justicia, siempre bajo el respeto al debido proceso, la soberanía nacional y los principios del derecho internacional.
El documento establece que la extradición procederá para delitos sancionados en ambas legislaciones con penas privativas de libertad de al menos un año, incorpora el principio de doble incriminación y define las condiciones, procedimientos y causas de denegación de las solicitudes, entre ellas cuando la persona sea nacional del Estado requerido, haya sido juzgada por los mismos hechos, exista prescripción de la acción penal o se trate de delitos sancionados con pena de muerte.
Asimismo, determina como autoridades centrales a la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua y a la Procuraduría General de la Federación de Rusia, además de regular aspectos relacionados con la documentación requerida, detención provisional, confidencialidad, gastos y procedimientos para la entrega de las personas reclamadas.
Durante el debate, la diputada Ruth Molina, en representación de la Comisión de Asuntos Exteriores, afirmó que el tratado fortalece la cooperación judicial entre ambos Estados y reafirma el compromiso de prevenir que personas requeridas por la justicia eludan la acción de los tribunales mediante el traslado a otro país, preservando la soberanía, la igualdad jurídica y la reciprocidad.
Por su parte, la diputada Jenny Martínez, de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, señaló que el acuerdo consolida los mecanismos de cooperación penal internacional y amplía la red de tratados suscritos por Nicaragua con otros países para enfrentar la delincuencia transnacional.
El diputado Walmaro Gutiérrez destacó que el tratado constituye una herramienta para combatir delitos como el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, evitando que cualquier país pueda convertirse en refugio para personas requeridas por la justicia.
Concluido el debate, el decreto fue aprobado en lo general con 91 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y posteriormente recibió la aprobación de su articulado, ratificando el tratado suscrito entre ambos países.
En la misma sesión, el plenario conoció y aprobó el Tratado entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre Traslado de Personas Condenadas para la Ejecución de Sentencias Penales Privativas de Libertad, también firmado el 5 de junio de 2026 en San Petersburgo.
La exposición de motivos señala que este instrumento tiene como objetivo establecer el marco jurídico para que ciudadanos nicaragüenses condenados en Rusia y ciudadanos rusos sentenciados en Nicaragua puedan cumplir el resto de sus condenas en sus respectivos países de origen, favoreciendo su reinserción social y el mantenimiento de los vínculos familiares.
El tratado contempla requisitos como la existencia de una sentencia firme, el consentimiento del condenado y de ambos Estados, la nacionalidad de la persona trasladada y un tiempo mínimo pendiente de cumplimiento de la pena de un año. También regula las condiciones para rechazar solicitudes, la documentación necesaria, las autoridades competentes, la ejecución de las condenas, las disposiciones financieras y los mecanismos de cooperación entre ambas naciones.
La diputada Gloria María Maradiaga expresó que el acuerdo fortalece la cooperación judicial internacional y garantiza que las personas condenadas puedan cumplir sus penas cerca de su entorno familiar, favoreciendo los procesos de rehabilitación y reinserción social.
A su vez, el diputado Álvaro Rivera explicó que el tratado permitirá que ciudadanos condenados puedan ser trasladados a su país de origen para concluir el cumplimiento de sus sentencias, respetando las resoluciones judiciales emitidas por el Estado que dictó la condena y observando los principios del derecho penal internacional.
Tras finalizar las intervenciones, la Asamblea Nacional aprobó el decreto en lo general con 91 votos a favor, cero votos en contra y ninguna abstención, y posteriormente avaló cada uno de sus artículos, otorgando aprobación legislativa al tratado, el cual entrará en vigor conforme a lo establecido en sus disposiciones una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.
