La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó recientemente una nueva Ley Electoral que introduce cambios significativos en el sistema político del país. La diputada Irma Dávila destacó la necesidad de esta ley, señalando que la anterior, vigente durante 25 años, había sido reformada en ocho ocasiones, lo que hacía imperativo actualizarla para alinearla con las recientes reformas constitucionales.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es la implementación de la equidad de género en todos los niveles del proceso electoral. Dávila subrayó que todos los partidos políticos están ahora obligados a presentar listas de candidatos que incluyan tanto a hombres como a mujeres para los cargos de copresidentes. Además, la composición del Consejo Supremo Electoral (CSE) se ha modificado para garantizar la paridad de género, estableciendo que tres de los seis magistrados deben ser mujeres. Esta equidad se extiende también a los consejos departamentales y municipales, así como a las Juntas Receptoras de Votos y a los fiscales electorales. Según Dávila, estas medidas reflejan un compromiso con la profundización de la democracia y la construcción de una sociedad más justa y desarrollada socioeconómicamente.
La nueva ley también incorpora la figura de los copresidentes, actualmente ostentada por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, y amplía el periodo de gobierno de cinco a seis años. Además, reduce el número de magistrados del CSE de siete a seis y aumenta el número de diputados en la Asamblea Nacional de 91 a 94.
Dávila resaltó que estas reformas son parte de un proceso continuo de transformación en Nicaragua, en el cual las mujeres han tenido una participación activa y protagónica. Este compromiso con la equidad de género ha llevado a que el país sea reconocido internacionalmente, ocupando la sexta posición a nivel mundial en equidad de género según el Foro Económico Mundial, el segundo lugar en cargos ministeriales ocupados por mujeres y el tercer lugar en representación femenina en el parlamento.
La diputada enfatizó que la nueva Ley Electoral no solo busca adecuarse a las reformas constitucionales recientes, sino también fortalecer la democracia y garantizar procesos electorales transparentes y en paz, donde todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera equitativa.
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