La Asamblea Nacional aprobó recientemente un conjunto de reformas contra el lavado de activos en Nicaragua, que abarcan cinco leyes fundamentales del ordenamiento jurídico nacional y que buscan fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y persecución del crimen organizado, así como garantizar la seguridad y la estabilidad de las familias nicaragüenses.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputada María Auxiliadora Martínez, explicó durante el programa Desde el Parlamento que las modificaciones responden a los nuevos desafíos que enfrenta la seguridad financiera en un mundo cada vez más globalizado y tecnológicamente interconectado.
«Las organizaciones criminales ya no operan a través de los mecanismos tradicionales. Ahora utilizan nuevas tecnologías, activos virtuales, estructuras empresariales complejas y redes transnacionales para movilizar recursos de forma ilícita y ocultar el origen de sus operaciones», señaló la legisladora.
Cinco reformas para fortalecer la seguridad del país
La diputada detalló que la reforma aprobada mediante la Ley No. 1282 modifica cinco normas de relevancia nacional:
- Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.
- Ley No. 406, Código Procesal Penal.
- Ley No. 641, Código Penal de la República de Nicaragua.
- Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Martínez destacó que pocas veces la Asamblea Nacional ha realizado una reforma integral de esta magnitud, debido a la complejidad y al alcance de las modificaciones introducidas.
Nicaragua fortalece su muro de contención contra el crimen organizado
La presidenta de la Comisión de Justicia afirmó que Nicaragua ha venido consolidando desde 2007 un muro de contención frente al crimen organizado, mediante el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir y combatir actividades ilícitas.
«No podemos hablar de paz, seguridad y tranquilidad para las familias nicaragüenses si permitiéramos que el crimen organizado opere en nuestro país como ocurre en otras naciones de la región», expresó.
Asimismo, señaló que las reformas responden tanto a las necesidades internas del país como a las recomendaciones de organismos internacionales especializados en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.
Las reformas no afectan a los usuarios de tarjetas de crédito
Uno de los aspectos abordados por la diputada fue la desinformación surgida alrededor de las reformas y su supuesta incidencia en las personas que utilizan tarjetas de crédito.
La legisladora aclaró que la Ley No. 977 establece de forma precisa quiénes son los sujetos obligados a reportar operaciones financieras sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero y que, en ningún momento, se incluye a los usuarios de tarjetas de crédito.
«El pueblo puede estar tranquilo porque en ningún momento la ley establece que los tarjetahabientes sean sujetos obligados», precisó.
Explicó que entre los sujetos obligados figuran instituciones financieras, casas de cambio, casinos, casas de empeño, determinadas cooperativas de ahorro y crédito que administran montos superiores a los cien millones de córdobas, así como determinados profesionales que, por la naturaleza de sus funciones, participan en operaciones que pueden facilitar el lavado de activos.
Te puede interesar: Efemérides de la semana: 22 al 28 de junio 2026
Modernización del marco jurídico y mayor transparencia
Entre los principales aportes de las reformas, la diputada destacó el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia mediante la identificación y el registro del beneficiario final de las personas jurídicas, lo que permitirá conocer quiénes son los propietarios reales detrás de determinadas estructuras empresariales.
Igualmente, las modificaciones fortalecen las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero y perfeccionan la coordinación entre instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
Además, las reformas adecuan las figuras penales y las sanciones vinculadas al crimen organizado y al lavado de activos, permitiendo una investigación y persecución más eficiente de estos delitos.
Finalmente, la diputada María Auxiliadora Martínez señaló que las modificaciones perfeccionan los mecanismos de incautación, decomiso y administración de bienes provenientes de actividades ilícitas, garantizando que estos recursos sean administrados por el Estado en beneficio del pueblo nicaragüense.
