Tras lo anunciado del 21 de noviembre de 2021, Nicaragua dejó de ser miembro de la OEA. En un comunicado de tono duro y perentorio, Managua anunció que para aplicar la decisión, se habían retirado las credenciales de los diplomáticos Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michel Campbell, que representaban al país centroamericano en la OEA, y que Nicaragua “a partir de hoy deja de ser parte del engaño de este engendro, llámese Consejo Permanente, Comisión Permanente, Reuniones, Convenciones de las Américas”. Para que quede claro, Managua informa entonces de que, como ya no está presente en ninguna de las oficinas de la organización, en consecuencia, no será necesaria la sede de la OEA en Managua. El existente ya ha sido cerrado.

La decisión de retirarse de un foro que, desafiando toda decencia, se inmiscuye continuamente en los asuntos internos de Nicaragua, a pesar de que no es en absoluto un foro de jurisprudencia internacional, parecía tan oportuna como inaplazable. Los intentos de Colombia de utilizar la OEA para evitar el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la operación hostil que supondría la convocatoria de la próxima Cumbre de las Américas por parte de EEUU con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela son algunos de los elementos que han empujado al gobierno nicaragüense a acelerar aún más los trámites ya iniciados para el abandono del chiquero. Los dos años previstos por el estatuto de la OEA para hacer efectiva la decisión de salida se refieren únicamente a obligaciones de carácter financiero que Managua siempre ha cumplido y se refieren a préstamos de bloqueo concedidos en el seno de la institución, pero que no conciernen a Nicaragua, que, por cierto, de todos los miembros de la OEA está entre los que tienen mejores índices económicos. Así, con la decisión de ayer, Managua simplemente se retira de un aquelarre inútil para la paz y la cooperación y que sólo sirve para la agresión política imperial a través de la servidumbre continental.

Nicaragua se une así a Venezuela y Cuba en el abandono y consecuente desconocimiento de la OEA como entidad política representativa del continente latinoamericano. Lejos de cumplir con sus estatutos, la OEA es en realidad un instrumento de agresión contra el conjunto de los países progresistas y socialistas de América Latina, una especie de oficina para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, destinada a implicar directamente a los países miembros en la aplicación de la política estadounidense a nivel continental.

En el comunicado de ayer, el gobierno sandinista recuerda que «al no ser Nicaragua colonia de nadie, su pertenencia al Ministerio de Colonias, como bien dijo el comandante Fidel Castro, carece de sentido».

El enfrentamiento entre la OEA y el gobierno nicaragüense, que ya llevaba varios años, se agravó aún más tras la campaña de Estados Unidos contra Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia iniciada por Trump y continuada con Biden, y tuvo su repercusión en la negativa de Nicaragua a aceptar la observación electoral de la OEA, Estados Unidos y la UE.

La decisión de no invitar a la OEA como observador electoral tuvo varias explicaciones, todas ellas muy convincentes. Fue el resultado de una declarada y manifiesta hostilidad preconcebida e instrumental, desprovista de todo argumento de fondo, que ve al gobierno nicaragüense como objeto de reiterados e injustificables ataques desde el punto de vista del derecho y del propio estatuto de la OEA. En cualquier caso, la OEA ya había decidido, incluso antes de que se celebraran las elecciones, que no reconocería el resultado. Entonces, ¿qué debería haber observado?

No se puede tolerar la creciente injerencia del organismo, que ha transformado a Nicaragua de país miembro en blanco de ataques políticos ordenados por Washington. La OEA, que nunca ha ocultado estar del lado de los golpistas, parecía cada vez más convencida de que podía ejercer una influencia política en el país, intentando erigirse en un interlocutor inmejorable en los planos legislativo, reglamentario y normativo de todo el proceso electoral. Una apropiación indebida de la soberanía nacional nicaragüense que el gobierno sandinista nunca hubiera concedido a nadie.

Desde su fundación, la OEA ha sido una institución comprometida con el apoyo al sistema de control estadounidense sobre el continente. De hecho, no hay una sola agresión militar estadounidense -directa o indirecta- contra el conjunto de América Latina que la OEA no haya apoyado, e incluso se haya comprometido a darle una especie de aval político-jurídico continental. Más que un organismo multilateral continental, la OEA sigue siendo la oficina de prensa, el colegio de defensa y el fondo político de la dominación político-militar de Estados Unidos sobre toda América.

Con Almagro como secretario general, ha dado el salto definitivo de apoyo e hinterland de la iniciativa norteamericana a agente directo, de tropa complementaria a protagonista principal de la desestabilización y el golpismo, que siempre han representado la auténtica cara de la presencia norteamericana en América Latina.

Indicativo del nuevo protagonismo del gobierno de Almagro fue la cruzada contra Venezuela, donde dijo que no se podía descartar la opción de una intervención militar contra Caracas. La gestión del expediente venezolano en connivencia con Washington y la ultraderecha venezolana, asistida sobre el terreno por el narcoestado colombiano, ha fracasado a marchas forzadas. Ejemplar de este nuevo papel de intervención directa de la OEA fue el protagonismo absoluto en el golpe de Estado en Bolivia, que arrebató a Evo Morales la legítima victoria para entregar al impresentable Anez el gobierno de la nación andina.
En el caso de Nicaragua, el papel de contrapeso político al gobierno se ha manifestado gradualmente, con los tiempos de sus declaraciones dictados por el marcador de EE.UU., posicionándose en la ficha que éste le ha asignado, la de apoyo al golpe.

La identificación con el latifundio reaccionario por parte de la OEA se ejemplificó con la asignación del papel de interlocutor político con los golpistas, que tuvo lugar a través de reuniones con muchas fotos en abrazos del Secretario General. Pero para el papel Almagro debería haber rechazado la reunión, siendo las instituciones y el gobierno de cada país el interlocutor y el referente de la relación con la OEA, no la oposición a la misma, a fortiori si un golpe.

Esa imagen tenía un propósito preciso: el respaldo político al golpe y, por el contrario, el rechazo al apoyo al gobierno nicaragüense. Formalizó la transformación de la OEA de un organismo multilateral, del que el gobierno nicaragüense era miembro, en un enemigo político. Se trataba de una traición a la lealtad interna del organismo y a su propio papel como garante del orden constitucional interno de cada país, tal y como se establece precisamente en el tratado de creación de la OEA. Más aún cuando la acción del organismo está ligada a la defensa de la constitucionalidad de cada país.

En el transcurso de los meses la postura de Almagro se ha radicalizado, proponiendo repetidamente la discusión de Nicaragua en la OEA, que ha perdido así cualquier posibilidad de rehabilitar su imagen, ahora completamente carente de prestigio y credibilidad.

Como antes con Venezuela, la implacable provocación de Nicaragua ha convertido a la OEA en una versión amplia del Grupo de Lima. Pensar siquiera en amenazar al gobierno sandinista es una muestra de ignorancia histórica antes que de incompetencia política. La Nicaragua sandinista, capaz de oponer su soberanía e independencia a las amenazas del imperio, no acepta ciertamente discutirlas con sus funcionarios locales. Sin la OEA, Nicaragua es más que ella misma. Sin Nicaragua, la OEA es aún menos de lo poco que era.