La Ley Especial de los Ciberdelitos aprobada en Nicaragua, promueve la utilización con fines pacíficos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para el bien común de todos y todas las nicaragüenses.
Con la aprobación de la Ley Especial de los Ciberdelitos, Nicaragua se pone a la Vanguardia, de un asunto emergente en nuestros tiempos, que incluso a nivel internacional se aborda en Naciones Unidas específicamente en el Grupo de Composición Abierta de la Asamblea General de la ONU sobre avances en la Esfera de la información (TICs) en el contexto de la Seguridad Internacional, el cual fue establecido en el 2019, mediante resolución 73/27, en la cual participan 193 Estados Miembros, para seguir desarrollando las reglas, normas y principios de comportamiento responsable de los Estados encaminadas a garantizar la seguridad en la utilización de las TIC, sobre todo a seguir estudiando, las amenazas existentes y potenciales en la esfera de la seguridad de la información, entre otras.
Los Gobiernos están convencidos de la necesidad de proteger a sus ciudadanos y su soberanía de delitos cometidos mediante el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación con fines maliciosos.
Esta Ley Especial de Ciberdelitos de Nicaragua tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la información y la Comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, pero más que eso pretende lograr un equilibrio adecuado entre la seguridad de las personas en internet, la preservación de sus derechos humanos inalienables, y la protección de la naturaleza de un Internet libre, pero seguro.
Si usted utiliza de manera positiva las herramientas de la tecnología y comunicaciones, no tiene porque temer de esta Ley, tiemblan los que están difundiendo noticias falsas, incitando al odio y los que no hacen un uso adecuado de estas, por el contrario, Nicaragua a como dije al inicio, está a la Vanguardia, protegiendo a sus ciudadanos y a su soberanía, de estos malos intencionados.
Las acciones en todo estos países y en otros lugares señalan una nueva era para Internet. Las democracias occidentales han evitado en gran medida regular el Internet. Pero a medida que aumentan las pruebas de que las acciones en línea están teniendo consecuencias perjudiciales en la vida real al contribuir a la violencia, comprometer las elecciones y difundir ideologías de odio, los gobiernos están cada vez más dispuestos a intervenir.
De hecho, Europa ya está más que adelantada en este departamento, hasta el punto de que ha querido “Gobernar el internet Mundial”.
En el 2019, El Tribunal de Justicia Europeo decidió que un tribunal nacional del bloque de 28 miembros de la Unión Europea podría obligar a Facebook a retirar publicaciones, fotografías y vídeos o inclusive una publicación a nivel mundial si se determinara que el contenido es difamatorio o ilegal de alguna otra manera. Su decisión no puede ser apelada.
El fallo se derivó de un caso en el que estaba implicada una política austríaca, Eva Glawischnig-Piesczek, que demandó a la red social borrar los comentarios en Facebook que la calificaban de «pésima traidora», «zoquete corrupto» y miembro de un «partido fascista». Después de que un tribunal austríaco determinó que los comentarios violaban las leyes de difamación, ella exigió a Facebook que borrara los comentarios originales en todo el mundo, no sólo dentro del país, así como los posts con comentarios «equivalentes».
El tribunal alegó que si bien Facebook no era responsable de los comentarios despectivos publicados sobre la Sra. Glawischnig-Piesczek, la empresa tenía la obligación de retirarlos después de que un tribunal austriaco los encontró difamatorios. Facebook, dijo el tribunal, «no actuó de manera expedita para eliminar o desactivar el acceso a esa información». Facebook inicialmente se negó a retirar el post que la criticaba, pero al final tuvo que acceder.
Esta decisión viene a reforzar la norma del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que limitó el alcance de la ley de privacidad conocida como el «derecho al olvido» en el 2014, que es una pieza central de las leyes de privacidad en Internet de la Unión Europea. La cual, puede utilizarse para obligar a Google y a otros motores de búsqueda a suprimir los enlaces a sitios web, artículos de noticias y bases de datos que incluyan información personal considerada antigua, que ya no sea pertinente o que no sea de interés público.
En apenas dos años transcurridos desde que los europeos obtuvieron el «derecho al olvido» en Internet, Google ha dictado sentencia en más de 418.000 casos -aproximadamente 572 al día- de personas que deseaban que se eliminaran los enlaces de determinados resultados de búsqueda, según los registros de la empresa. Ha aprobado menos de la mitad de esas solicitudes, todas a puerta cerrada.
Esto presagia futuras disputas sobre el papel de Europa en el establecimiento de normas en Internet, especialmente a medida que otras naciones aprueban cada vez más sus propias leyes para tratar la privacidad, la incitación al odio y la desinformación.
En el Reino Unido, el gobierno dijo que el regulador de los medios de comunicación del país, conocido como Ofcom, asumiría nuevas responsabilidades en la supervisión de los contenidos de Internet, y tendría la facultad de dictar sanciones contra las empresas que no hicieran lo suficiente para combatir «los contenidos dañinos e ilegales de terrorismo y abuso infantil».
En el 2015, el principal regulador de protección de datos de Francia, conocido como CNIL, dijo que el enfoque geográfico de Google no era suficiente y que quería que la empresa eliminara los enlaces de su base de datos mundial. La autoridad argumentó que una aplicación regional de la norma no valía nada porque la gente podía seguir encontrando la información si estaba fuera de Europa.
La decisión deja abierta la posibilidad de que Francia y otros gobiernos nacionales de la Unión Europea obliguen a Google a suprimir los enlaces a nivel mundial en casos especiales que se consideren necesarios para proteger la privacidad de una persona. Alemania ha adoptado leyes estrictas para eliminar los discursos de odio de las plataformas de medios sociales.
En marzo, el organismo de control de protección de datos de Francia impuso a Google una multa de 112.000 dólares por no haber cumplido con las exigencias de extender la sentencia a sus dominios mundiales, incluido Google.com en los Estados Unidos. Google presentó una apelación en mayo para anular la multa.
En Sri Lanka, las autoridades cortaron el acceso a los sitios de medios sociales después de que los ataques terroristas fueran coordinadas a través de redes sociales y que estos dejaran cientos de muertos. Nueva Zelandia y Australia han impuesto restricciones a las empresas de tecnología después de la matanza de 50 personas en dos mezquitas de Nueva Zelandia, en la que el pistolero acusado utilizó los medios sociales para amplificar su mensaje. Singapur también ha propuesto una ley para restringir la información falsa o engañosa, que los críticos advirtieron que podría ser utilizada para silenciar la disidencia. Y la India está considerando la posibilidad de dotarse de nuevos poderes para suprimir el contenido digital.
También están los ciudadanos como Ian Russell, quien ha criticado a Instagram y a otras compañías de Internet por no hacer lo suficiente para eliminar el material de autolesión que, según él, contribuyó al suicidio de su hija adolescente en 2017, y está de acuerdo en que la mayoría de la gente aceptará restricciones razonables de Internet si esto significa limpiar lo que es más tóxico.
Alemania tiene una de las leyes más estrictas del mundo en materia de expresiones de odio, la Ley de Aplicación de la Red. La ley ordena que las empresas de Internet retiren el material ofensivo en un plazo de 24 horas o se enfrenten a multas de hasta 50 millones de euros, o unos 56 millones de dólares.
Al menos 17 países, entre ellos Malasia, Egipto y Kenya, han citado la difusión de «noticias falsas» al adoptar o proponer nuevas restricciones a la Internet.
Australia aprobó una ley que amenaza con multas a las empresas de medios sociales y con la cárcel a sus ejecutivos si no eliminan rápidamente el «abominable material violento» de sus plataformas.
Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook, quien ha sido ya citado por el Congreso de Estados Unidos, ha dicho que se necesitan nuevas regulaciones, particularmente para definir más claramente qué es contenido aceptable para que las compañías no sean los principales jueces. «Estos son temas complejos de resolver y esperamos trabajar con el gobierno y el Parlamento para asegurar que las nuevas regulaciones sean efectivas».
En los Estados Unidos, ha habido menos impulso para regular el contenido de Internet. Pero ya en Washington el Comité Judicial de la Cámara de Representantes interrogó a los ejecutivos de Facebook y Google sobre la propagación del nacionalismo blanco en los medios sociales y de su falta de regulación.
Corresponde a Nicaragua y a su pueblo velar por la soberanía tecnológica y garantizar el uso responsable y pacífico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC, en pleno cumplimiento de las disposiciones de esta novedosa ley.
Por: Jasser Jiménez/ Representante Permanente Alterno de Nicaragua ante Naciones Unidas