La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes la nueva Ley Electoral, normativa que establece los procesos de organización de las elecciones generales, regionales y municipales, así como la estructura del Consejo Supremo Electoral (CSE), los partidos políticos, centros de votación y juntas receptoras de votos.
Entre los aspectos más relevantes de la ley se destaca la garantía del principio constitucional de equidad de género, asegurando la participación paritaria en todos los niveles del proceso electoral.
En este sentido, el CSE estará conformado por seis magistrados, tres hombres y tres mujeres.Además, la legislación incorpora la figura de Copresidente y Copresidenta de la República, en concordancia con la Constitución Política de Nicaragua. Este modelo refuerza la democracia directa y el protagonismo ciudadano en la toma de decisiones.
La nueva normativa ratifica el derecho soberano del pueblo a ejercer el sufragio universal, secreto y transparente, consolidando el principio de participación activa de la persona, la familia y la comunidad.
De acuerdo con la ley aprobada, las próximas elecciones generales para elegir al Copresidente y Copresidenta de la República, así como a los 90 diputados de la Asamblea Nacional y los 20 representantes del Parlamento Centroamericano, se llevarán cabo el primer domingo después del 2 de noviembre de 2027, marcando un hito en el calendario electoral del país.
Con esta nueva ley se establece un marco claro para la conformación de las juntas directivas de los partidos políticos y las juntas receptoras de votos, con la finalidad de asegurar que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente de equidad, respeto y participación ciudadana.
Asimismo, se subraya la importancia de la equidad de género, un principio que ha sido reiterado a lo largo de la ley, no solo en la composición del Consejo Supremo Electoral, sino también en las candidaturas y las listas de los partidos políticos, fomentando así una mayor inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
Este avance legislativo responde a los compromisos del Gobierno de Nicaragua con el fortalecimiento del sistema democrático, garantizando que la voz del pueblo se escuche de manera efectiva y justa en cada elección. Con la ley en vigor, el país se prepara para enfrentar los desafíos electorales futuros con mayor participación y una estructura más inclusiva.
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