El diputado Edwin Castro, coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional, destacó en una reciente entrevista en el programa Canal Parlamentario los principales cambios que introducen la nueva Ley Electoral en Nicaragua, aprobada tras la reforma constitucional de enero de este año.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la creación de la figura de copresidente y copresidenta en la fórmula presidencial, garantizando la equidad de género. Además, la normativa establece que el 50% de los escaños en la Asamblea Nacional, el Parlacen y las alcaldías serán ocupados por mujeres, asegurando una representación igualitaria.
La legislación también refuerza la equidad de género en la conformación de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano (Parlacen). En las elecciones de 2027, se elegirán:
- 20 diputados de circunscripción nacional con sus suplentes.
- Diputados departamentales y regionales con sus suplentes.
- 20 diputados al Parlacen, también con suplentes.
En el ámbito municipal, la normativa establece que en los 153 municipios del país la mitad de las alcaldías deberán ser ocupadas por mujeres y la otra mitad por hombres. Debido al número impar de municipios, habrá una alcaldesa más en el país. Además, las fórmulas municipales deberán ser alternas: donde haya un alcalde, la vicealcaldesa será mujer y viceversa. Lo mismo se aplicará para la elección de concejales, asegurando una representación equitativa.
Castro explicó que las elecciones municipales se llevarán a cabo el primer domingo de noviembre de 2028. De igual manera, la Ley Electoral regula la elección de los concejos regionales en las Regiones Autónomas del Caribe, donde se elegirán 45 concejales por región, manteniendo la equidad de género.
Otro aspecto relevante de la reforma es la reestructuración del sistema electoral. El Consejo Supremo Electoral (CSE) estará conformado por seis magistrados propietarios, tres hombres y tres mujeres. Asimismo, los consejos electorales departamentales y municipales, así como las juntas receptoras de votos, serán integradas por funcionarios técnicos designados por el CSE, eliminando la participación de representantes propuestos por partidos políticos.
La nueva legislación también mantiene la prohibición de que personas declaradas «traidoras a la patria» puedan postularse a cargos de elección popular o desempeñar funciones dentro del sistema electoral.
Castro señaló que los plebiscitos y referendos ya no están contemplados en esta ley y serán regulados en una legislación aparte, que deberá ser elaborada próximamente.
Según la ley, las directivas municipales deberán contar con al menos seis miembros, las departamentales con ocho y la directiva nacional con diez, garantizando siempre una composición equitativa entre hombres y mujeres. Esta paridad también se aplicará en la designación de fiscales en los centros de votación y en las Juntas Receptoras de Votos.
Asimismo, el diputado enfatizó que la Ley Electoral no solo regula el proceso de elecciones, sino también el funcionamiento y resolución de conflictos dentro de los partidos políticos. Señaló que el Consejo Supremo Electoral (CSE) es la máxima autoridad en materia electoral y de partidos políticos, y que sus resoluciones son definitivas, sin posibilidad de recurso fuera del sistema electoral.
“Así tendremos elecciones ágiles, transparentes y claras”, afirmó Castro, resaltando que el CSE garantizará un sistema electoral único que abarque los niveles nacional, departamental y municipal.
El legislador también mencionó la importancia de esta reforma en el fortalecimiento de la democracia y la participación equitativa de la ciudadanía en los comicios, asegurando que la ley responde al mandato constitucional de garantizar procesos electorales justos y representativos.