La Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Los abogados y notarios públicos, con esta reforma, aportarán al fortalecimiento de la estrategia del muro de contención contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional.
«Nicaragua cumple con el compromiso internacional para que los abogados y notarios públicos, a través del Poder Judicial puedan, con base al procedimiento que establece la normativa, establecer o sugerir que hay indicios de lavado de activos en algunas operaciones que se realicen», explicó el diputado sandinista José Figueroa.
La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, durante la lectura del dictamen derivadas de las consultas sobre la iniciativa, sostuvo que con la inclusión de los abogados y notarios públicos como sujetos obligados a informar o reportar operaciones sospechosas vinculadas a dichos delitos se aplican medidas preventivas con enfoque basado en los riesgos.
El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, consideró que esta reforma es sana hasta para el mismo ejercicio del abogado y notario público por cuanto las personas y organizaciones vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y a otras derivadas del mismo no verán a estos profesionales como un portillo para desarrollar sus actividades delictivas.
Los legisladores coincidieron que esta reforma brinda mayor fortaleza al sistema de prevención antilavado de Nicaragua, le permite al país ponerse a tono con los compromisos internacionales al darle más seguridad a los esfuerzos que realizan las instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, en la lucha contra el narcotráfico, lavado de activos financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas.
La “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva” tiene como finalidad afirmar el compromiso que tiene el Estado de Nicaragua en la lucha contra la delincuencia organizada y su financiamiento a través del establecimiento y constante fortalecimiento de su marco jurídico.