La Fundación Nacional para la Democracia (NED) y USAID invirtieron dinero en las ONG nicaragüenses después de que el presidente Daniel Ortega volviera a ocupar el cargo en 2007, con el objetivo específico de capacitar a las personas para oponerse a su gobierno y crear las condiciones para un cambio de régimen.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua está “arrasando con la sociedad civil”, según Associated Press. The Guardian lo llamó una “purga radical de la sociedad civil”, mientras para el New York Times, Nicaragua está “avanzando poco a poco hacia la dictadura”. Según el Washington Post, el país ya está “abiertamente en una dictadura”. En un llamado repetido por la BBC, la comisionada de derechos humanos de la ONU instó a Nicaragua a detener su “dañina represión contra la sociedad civil”.
¿Qué pudo haber provocado una crítica tan generalizada? Resulta que la “purga radical” de la Asamblea Nacional de Nicaragua fue la cancelación de la condición de libre de impuestos de una pequeña proporción de las organizaciones sin fines de lucro en el país: apenas 440 en un período de cuatro años. En más de la mitad de los casos, estas ONG simplemente han dejado de funcionar o ya no existen. En otros casos, han incumplido (o se han negado) a cumplir con los requisitos legales, como presentar cuentas anuales o declarar las fuentes de su financiamiento. Pasos legales modestos que pasarían desapercibidos en la mayoría de los países, en el caso de Nicaragua, son una clara evidencia de que está “avanzando poco a poco hacia la dictadura”.
Ninguno de los reportajes de los medios hizo preguntas básicas, como qué hicieron estas organizaciones sin fines de lucro que llevaron al gobierno a tomar esta medida, o si otros países siguen prácticas similares y cuáles son los requisitos internacionales que debe cumplir Nicaragua sobre regulación de organizaciones sin fines de lucro. Aquí hay una historia mucho más grande que los medios corporativos ignoran. Rellenemos algunos de los huecos.
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Tres preguntas básicas
Hay tres preguntas básicas. Primero, ¿Es Nicaragua excepcional en el cierre en esta escala de organizaciones sin fines de lucro? No, esta práctica se está observando en otros países. Si bien las cifras son difíciles de encontrar, las agencias gubernamentales en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y otros lugares han cerrado decenas de miles de organizaciones sin fines de lucro en los últimos años.
Por ejemplo, entre 2006 y 2011, el IRS (Internal Revenue Service) cerró 279.000 organizaciones sin fines de lucro de un total estadounidense de 1,7 millones y en 2020, cerró otros 28,000. La Comisión de Caridad en Gran Bretaña cierra alrededor de 4,000 por año. Y en Australia, se han cerrado unas 10.000 organizaciones sin fines de lucro desde 2014, una sexta parte del total. En Nicaragua, cuatro años de cierres hasta ahora han afectado al 7% de un total de más de 6.000 organizaciones sin fines de lucro.
Segundo, ¿Nicaragua impone reglas más estrictas que otros países? De nuevo, la respuesta es no. Las reglas introducidas en 2020 requieren que las organizaciones sin fines de lucro se inscriban como «agentes extranjeros» si reciben fondos del extranjero. El reportaje de Associated Press recogido por The Guardian pone esto entre comillas, pero este término se toma prestado de los requisitos mucho más estrictos que se aplican en Estados Unidos desde 1938 bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). El Financial Times apodó la Legislación nicaragüense como “Ley de Putin”, vinculándola erróneamente a Rusia, no a Estados Unidos.
Estados Unidos tiene algunas de las leyes más estrictas y detalladas del mundo, pero no son únicos: la Biblioteca del Congreso tiene ejemplos de 13 países con legislación similar. En Gran Bretaña, el año pasado el gobierno consultó sobre la introducción de un «Proyecto de Registro de Influencia Extranjera» que es similar a FARA. La ley de Nicaragua no es excepcional, y sus consecuencias en la reducción del número de ONG tampoco lo es. Cuando Australia introdujo leyes similares en 2014, en el año siguiente hubo 5000 cierres de organizaciones sin fines de lucro como resultado.
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Un factor importante es que Nicaragua, al igual que otros países, tiene que cumplir con las regulaciones internacionales sobre los riesgos que plantean las organizaciones sin fines de lucro no reguladas. Estos incluyen la preocupación internacional generalizada de que las organizaciones sin fines de lucro son susceptibles al lavado de dinero.
Ya sea deliberadamente o por ignorancia, los medios ignoran el hecho de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establecido en 1989 por los gobiernos del G7, impone reglas que se aplican a nivel mundial. En 2020, Nicaragua fue elogiada por el GAFI por “cumplir en gran medida” con sus requisitos. El GAFI respaldó específicamente los controles más estrictos y las sanciones por incumplimiento introducidas por el gobierno, incluida la amenaza de retirar el estatus legal de una organización que infringe la ley.
Tercero, ¿Se les ha dado tiempo a las organizaciones sin fines de lucro para cumplir con las reglas? Según The Guardian, “el gobierno no les estaba dando la oportunidad de cumplir con los nuevos requisitos legales”, pero sé que esto no es cierto. He hablado con líderes de varias organizaciones sin fines de lucro que han completado el proceso o están trabajando en ello. Las reglas son estrictas y el ministerio del gobierno no cuenta con suficientes recursos para la tarea que se le ha encomendado, pero cientos de ONG están tomando medidas para cumplirlas. A muchos de los que no pasan la prueba se les da la opción de reconstituirse como entidades sin estatus libre de impuestos.
Las reglas se aplican a las ONG buenas y malas
¿Preguntan los medios si Nicaragua podría haber introducido estas leyes estrictas debido a transgresiones obvias por parte de organizaciones sin fines de lucro? No: Al contrario, los medios asumen que las quejas de las ONG sobre las reglas son justificadas.
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Los reportajes sólo hacen referencia desdeñosa a la historia reciente de abusos por parte de algunas ONG nicaragüenses. Ignoran el hecho clave de que algunos de ellos existieron principalmente para canalizar millones de dólares en fondos estadounidenses hacia actividades que descaradamente interfirieron en la política nicaragüense. Ignoran la gran cantidad de recursos provenientes de las agencias financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, como National Endowment for Democracy (NED) y USAID, que invirtieron dinero en las ONG nicaragüenses después de que el presidente Daniel Ortega volviera a ocupar el cargo en 2007, con el objetivo específico de capacitar a las personas para oponerse a su gobierno y crear las condiciones para un cambio de régimen.
Que la NED, USAID y otras agencias estadounidenses utilizan a las ONG nacionales de esta manera no es un secreto. Global Americans informó que la NED estaba “sentando las bases para la insurrección” en Nicaragua en 2018; Lobelog reveló que el Fondo Nacional para la Democracia se había jactado ante el Congreso de sus esfuerzos por formar jóvenes discípulos del cambio de régimen, y el Consejo de Asuntos Hemisféricos describió en detalle el proceso de adoctrinamiento en que participaron.
Por supuesto, esta interferencia se ha estado practicando durante décadas en todo el mundo. Hace seis años, Telesur demostró cómo funcionaba en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Actividades similares financiadas por la NED y agencias aliadas se han llevado a cabo en Croacia, Rusia, Ucrania, Polonia y muchos otros países.
Tailandia está introduciendo leyes similares a las de Nicaragua para restringir la manipulación extranjera de las ONG; está lejos de ser el primero en hacerlo. El Senador Edward J. Markey de Massachusetts y el Senador Jeff Merkley de Oregon están instando a que se eliminen las nuevas leyes de Tailandia, ya que “dañarían a la sociedad civil”, justo el tipo de advertencia que los medios corporativos han propagado en el caso de Nicaragua.
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El Financial Times llegó incluso a citar a Aimel Ríos, de la NED, quien instó a una mayor presión internacional sobre Nicaragua: “Parece que ese es el único idioma que entenderá el régimen”, dijo. No se mencionó el hecho de que la NED había estado directamente involucrada en el intento de cambio de régimen en Nicaragua, en marcado contraste con la hipervigilancia de los medios sobre cualquier supuesta interferencia de Rusia o China en la política doméstica de países de Occidente.
Aparte de los asuntos políticos, existe una cuestión más amplia sobre el valor de las organizaciones sin fines de lucro para la sociedad nicaragüense. Hay que decir, por supuesto, que muchas organizaciones sin fines de lucro realizan un excelente trabajo humanitario. Pero hay excepciones significativas, ajenos a los anteriores.
Por ejemplo, los organismos locales de “derechos humanos” han sido totalmente parcializados en su trabajo, convirtiéndose en poco más que mercaderes de propaganda, como demostré en otro de mis artículos. Muchas de las ONG de salud ahora cerradas, existían principalmente como organizaciones de propaganda, en lugar de instituciones profesionales genuinas, particularmente durante la pandemia, cuando intentaron (con cierto éxito inicial) disuadir a las personas de usar el servicio de salud pública.
Algunas universidades privadas han perdido su estatus por no rendir cuentas y han sido asumidas por el Estado. Lejos de la impresión presentada por el New York Times, varios académicos que trabajan con sus antiguos alumnos me han dicho que están mucho más felices ahora que tienen acceso a mejores instalaciones administradas por el Estado, sus tarifas son fijas y ya no tienen que pagar tarifas exorbitantes (en algunos casos, $1,000) para graduarse.
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The Washington Post seleccionó para crítica el cierre de la Academia Nicaragüense de Letras de “94 años”. Sin embargo, un miembro de su junta directiva admitió que estaba en “desorden administrativo total” y nunca había cumplido con los requisitos de presentar sus cuentas, a pesar de que estaba recibiendo $62,000 dólares en fondos del gobierno cada año.
Propaganda occidental versus hechos
Quizás las afirmaciones más descabelladas sobre la importancia de las ONG han sido realizadas por Open Democracy, un sitio web sin fines de lucro que afirma que «desafía el poder, inspira cambios y construye liderazgo entre grupos subrepresentados en los medios». Muchos servicios para la mujer, como los servicios de salud reproductiva, “están desapareciendo”, dice, repitiendo las afirmaciones de una ONG nicaragüense que se niega a cumplir con las nuevas leyes. Sin ellos, aparentemente, «las perspectivas… son sombrías».
El artículo tergiversó descaradamente la situación de la salud de la mujer en Nicaragua, que cuenta con uno de los mejores servicios de salud pública de Centroamérica, gratuito para todos. Ha reducido, por ejemplo, la mortalidad materna de 92,8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2006, a 31,6 en 2021, una reducción del 66%. Esto se debe en parte a las 180 casas maternas, que ofrecen atención dedicada a las mujeres embarazadas. El Estado también brinda planificación familiar gratuita en todos los centros de salud, incluidas las ligaduras de trompas para las mujeres que no desean tener más hijos.
Asimismo, muchas ONG brindan atención médica, a menudo con financiamiento extranjero y la mayoría de ellas están perfectamente contentas de registrarse bajo la nueva legislación y continuar trabajando en cooperación con el Ministerio de Salud.
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Por supuesto, es casi inconcebible dar algún crédito en los medios de comunicación corporativos a Nicaragua por sus logros en el cuidado de la salud, o muchos otros aspectos de la provisión social. Como ha señalado FAIR (Fair and Accuracy in Reporting) en varias ocasiones, los medios corporativos son consistentes en hacer de cada noticia un ataque contra el gobierno sandinista de Nicaragua, sin ningún intento de equilibrio o investigación genuina de los cuentos que les presentan los opositores al gobierno, especialmente aquellos provenientes de los medios nicaragüenses hostiles al gobierno sandinista.
El Departamento de Estado de Estados Unidos empieza su resumen de la política sobre “Relaciones de Estados Unidos con Nicaragua”, actualizada en septiembre del año pasado, con la sorprendentemente honesta declaración de que “El gobierno de Estados Unidos trabaja para promover los intereses de Estados Unidos en Nicaragua”. Desafortunadamente, los medios internacionales parecen hacer lo mismo.
John Perry vive en Masaya, Nicaragua, y escribe sobre América Central para The Nation, FAIR, The London Review of Books, OpenDemocracy, The Council on Hemispheric Affairs, Counterpunch y otros medios.