La Asamblea Nacional aprobó este miércoles el «Decreto de Reformas y Adiciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República», marcando un hito significativo en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad.
El objetivo principal de esta reforma es actualizar el Decreto Ejecutivo 19-2009, Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para integrar a la Procuraduría Nacional de las Familias y la Procuraduría de las Municipalidades como parte esencial de esta entidad del Estado.
Ambas instancias desempeñarán un papel fundamental en la promoción del Bien Común y el desarrollo integral del país, en línea con las políticas de Estado impulsadas por la Procuraduría General de la República.
En la exposición de motivos, se detallan las funciones y responsabilidades asignadas a ambas procuradurías. Específicamente, la Procuraduría Nacional de las Familias se encargará de representar legalmente los intereses de los niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable, así como de intervenir en todos los asuntos relacionados con el ámbito familiar. Asimismo, se destaca su rol en la emisión de certificaciones ambientales a través de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
Entre las funciones de la Procuraduría Nacional de las Familias se incluyen:
- Representación legal de personas en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes huérfanos, personas con discapacidad y adultos mayores.
- Intervención en asuntos de familia y estado civil.
- Participación como parte procesal en procesos judiciales relacionados con la protección de personas vulnerables.
- Sostener pretensiones autónomas o adherirse a pretensiones existentes, entre otras responsabilidades.
Esta reforma consolida el compromiso del Estado nicaragüense con la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.
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