I. Raíces históricas de un conflicto largamente postergado
Para comprender el alcance del Fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de noviembre de 2012, es imprescindible volver a los antecedentes que marcaron el origen de esta controversia. Aunque el Gobierno Sandinista recuerda con justicia que Nicaragua acudió a la CIJ desde 1984 —cuando se demandó a Estados Unidos por financiar la guerra de agresión en la década de los ochenta—, el diferendo limítrofe con Colombia emergió mucho antes, casi inmediatamente después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979.
En 1980, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) declaró la Nulidad e Invalidez del Tratado Bárcenas Meneses–Esguerra, firmado en 1928 por el gobierno conservador de Adolfo Díaz, presidente de facto sostenido por la Marina yanqui que ocupaba a Nicaragua desde 1927. A través de ese tratado —impuesto bajo ocupación extranjera— se entregaba nuestro territorio marítimo del Caribe a Colombia.
Según la declaración sobre las islas de San Andrés, Providencia y territorios circundantes (JGRN, 1980) los motivos fueron claros y contundentes:
“Las circunstancias históricas que vivió nuestro pueblo desde el año de 1909, impidieron una verdadera defensa de nuestra Plataforma Continental, aguas jurisdiccionales y territorios insulares.”
«Acto efectuado bajo la total ocupación política y militar de Nicaragua por parte de los Estados Unidos de América.”
“Realizado en flagrante violación de la Constitución nicaragüense vigente en ese entonces, que prohibía en términos absolutos la firma de Tratados que implicaran una lesión a la soberanía nacional o el desmembramiento del territorio patrio.”
Pero más allá de las explicaciones jurídicas, existían motivaciones geopolíticas: Estados Unidos había impulsado la separación de Panamá en 1903 para garantizar el control del futuro Canal. Con Colombia resentida por aquella pérdida, Washington utilizó a Nicaragua —convertida en Estado cliente— como moneda de cambio. Por eso, el Tratado Bárcenas Meneses–Esguerra concedía a Colombia “las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés.” (Asamblea Nacional, 1930).
Como explica Zamora (1994): “El Secretario del Tesoro norteamericano, el multimillonario Mellon, estaba urgido de que Colombia renovara la llamada concesión Barco… De Nicaragua, convertida en simple protectorado, no tenía Mellon nada que esperar.” (p. 4).
El triunfo de la Revolución en 1979 significó un giro histórico. La JGRN asumió la defensa de la integridad territorial como un acto de dignidad nacional. Zamora (1994) lo resume así: “Esta declaración constituyó la primera acción internacional del nuevo gobierno revolucionario en defensa de los intereses nacionales.” El conflicto despertó tensiones con Colombia, que se alió con Honduras y Estados Unidos, fraguando una política de presión diplomática y militar contra Nicaragua.
A pesar de que el Gobierno Sandinista lamentó la diferencia con el “hermano pueblo” colombiano, las administraciones de Bogotá adoptaron actitudes recalcitrantes, plegándose a la política exterior norteamericana. “El gobierno colombiano… se convirtió en uno de los principales críticos de la revolución nicaragüense y en firme aliado de la política exterior norteamericana.” (Zamora, 1994).
Incluso Estados Unidos contribuyó a ese encierro geopolítico al ceder a Colombia los cayos Roncador, Quita Sueños y Serrana, territorios cercanos a Nicaragua expropiados en 1856 bajo la Ley del Guano.
Las relaciones mejoraron brevemente durante el gobierno de Belisario Betancur, aliado del Movimiento de Países No Alineados y promotor del Grupo de Contadora. Pero en 1986 Colombia y Honduras firmaron el tratado López–Ramírez, repartiéndose arbitrariamente nuestro mar Caribe. Como señala Miranda (s. f.): “Honduras confabulada… intentó causarle a Nicaragua un nocivo efecto de encierro hacia el Norte y Noreste del Caribe” (p. 12).
El caso con Honduras se resolvería en la CIJ tras el retorno del FSLN al poder en 2007. Pero en aquel entonces, la controversia con Colombia quedaba abierta.
II. Una causa suspendida y retomada por la Segunda Etapa de la Revolución
Durante los 16 años de gobiernos neoliberales, la defensa de la soberanía marítima quedó en el abandono total. Fue hasta 2007, con el retorno del FSLN, que Nicaragua retomó la agenda histórica de los años ochenta, incluida la controversia limítrofe con Colombia.
La sentencia del 19 de noviembre de 2012 marcó un punto de inflexión. La CIJ delimitó la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas desde nuestras líneas de base (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2023). Al mismo tiempo, otorgó a Colombia la soberanía sobre las islas en litigio. Este fallo, aunque salomónico, fue un triunfo histórico para Nicaragua, pues reconoció amplios espacios marítimos que habían sido usurpados por décadas.
Colombia, sin embargo, rechazó la decisión alegando no ser signataria de la Convención del Mar (1982). Argumento insólito, porque el conflicto es más antiguo que dicho instrumento jurídico y porque las sentencias de la CIJ son obligatorias.
Pero Nicaragua no se quedó ahí. De conformidad con el artículo 76 de la Convención del Mar, en 2013 presentó una nueva demanda solicitando la extensión de su plataforma continental más allá de las 200 millas. Colombia volvió a objetar la competencia de la Corte, pero en 2016 la CIJ rechazó sus alegatos preliminares.
Ese mismo año Nicaragua también demandó a Colombia por violaciones reiteradas a sus espacios marítimos reconocidos por el fallo de 2012. En su sentencia del 21 de abril de 2022, la Corte confirmó lo que Nicaragua denunció durante años: “Colombia implementó una política de Estado que violó la jurisdicción y los derechos soberanos de Nicaragua y ordenó a Colombia cesar su conducta ilegal.” (GRUN, 2023).
El Presidente–Comandante Daniel Ortega relató en el 44 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista cómo Colombia actuaba militarmente en nuestros mares:
“Aparecían los barcos de guerra y se plantaban frente a los barquitos nuestros… amenazaban que iban a hundir el barquito nuestro si no se retiraba, que estaba en territorio colombiano… No había cumplimiento del fallo de la Corte.” (Daniel Ortega, 2023)
Así, quedaba pendiente la última demanda interpuesta por Nicaragua ante la CIJ, fruto de la intransigencia histórica de todos los gobiernos colombianos que se negaron sistemáticamente a acatar un fallo firme, inapelable y obligatorio.
13 de julio de 2023: el más reciente fallo de la CIJ sobre la controversia Nicaragua–Colombia
La sentencia dictada el 13 de julio de 2023 responde a la solicitud de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas reconocidas por la CIJ en el fallo del 19 de noviembre de 2012. Como se indicó antes, esta petición se sustenta en el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Este fallo fue celebrado por los detractores de la Revolución Sandinista, quienes intentaron presentar la resolución como un revés diplomático para Nicaragua. Sin embargo, la realidad es diametralmente opuesta. La decisión de la Corte, lejos de perjudicar al país, reafirmó —con solidez jurídica— los logros obtenidos en 2012.
La paradoja es evidente: Colombia nunca reconoció el fallo de 2012 precisamente porque Nicaragua ganó una Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas en el mar Caribe. No obstante, sí acepta la sentencia de 2023, en la que la Corte no concede la extensión más allá de esas 200 millas. Al aceptar este fallo, el gobierno colombiano implícitamente reconoció aquella que rechazó durante más de una década: las 200 millas que pertenecen soberanamente a Nicaragua.
Este escenario reafirma la importancia de la diplomacia y la resolución pacífica de controversias, principios que Nicaragua ha sostenido con firmeza histórica. No es casualidad que en el fallo de 2022, la Corte reconociera a Nicaragua como el segundo país del mundo que más veces ha acudido al tribunal internacional para delimitar correctamente su territorio y defender su soberanía.
Durante una entrevista en Canal 4, el representante de Nicaragua ante la CIJ, Dr. Carlos Argüello, celebró el fallo como una victoria para nuestro Estado:
“Primero lo que tenemos que recordar es que la Corte dejó incólume las 200 millas de Nicaragua; o sea, el Fallo de 2012 quedó muy claro y reafirmado.” (Carlos Arguello, 2023).
Coherente con su compromiso histórico, Nicaragua acató plenamente el fallo de la Haya. En el comunicado de prensa del 13 de julio se expresa además un llamado claro:
“De igual manera Nicaragua espera que Colombia reconozca el valor y eficacia de todas las sentencias de la Corte, en particular la sentencia dictada en 2012.”
El Copresidente, Comandante Daniel Ortega sintetizó esta posición con claridad política y moral, el 19 de julio de 2023:
“¿Nosotros qué esperaríamos en estos momentos de parte de Colombia? Ellos están reconociendo el fallo de la Corte que los beneficia a ellos, lo están reconociendo, y nosotros estamos acatando; pero, ¿y el fallo de La Corte que nos beneficia a nosotros, lo van a acatar? Yo le digo al Presidente Petro: Ahí no hay más camino que acatar, y ahí quedamos una a una. Una ganamos nosotros, una ganaron ellos, y quedamos una a una. Pero hay que acatar el fallo de la Corte y para eso tienen que haber señas, porque por otro lado ya hay ex-Presidentes colombianos que están ahí buscando cómo echarle leña al fuego”.
Con ello se reafirma que la posición de Nicaragua es —y ha sido siempre— una posición de respeto al derecho internacional, firmeza soberana y compromiso con la paz.
III. Defender el mar es defender la patria
A doce años del Fallo de 2012, el proceso sigue demostrando que la defensa de la soberanía marítima no es un episodio aislado, sino una causa histórica del pueblo nicaragüense. Desde la nulidad del Tratado de 1928 en 1980, el retorno del FSLN en 2007 y las victorias de derecho internacional de 2012 y 2023, la lucha ha sido la misma: afirmar el derecho de Nicaragua a existir con dignidad, con territorio, con mar y con historia.
Defender el Caribe es defender la Revolución, porque el mar nicaragüense no es solo un espacio geográfico: es nuestra identidad caribeña, es memoria, es sacrificio acumulado, es resistencia contra un siglo de presiones imperiales y pretensiones expansionistas.
El Fallo del 19 de noviembre de 2012 no fue un regalo: fue la consecuencia de una política coherente, de un Estado que recuperó su voz después de años de silencios impuestos. Fue, sobre todo, la continuidad de esa primera decisión histórica tomada en 1980 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional: no aceptar más imposiciones extranjeras.
Bibliografía
Asamblea Nacional. (07 de Febrero de 1930). Tratado entre Nicaragua y Colombia (Tratado Bárcenas Meses-Esguerra). Gaceta Diario Oficial de la Repúblcia de Nicaragua. Obtenido de http://legislacion.asamblea.gob.ni/Instrumentos.nsf/bde7f9f0e2863496062578b80075d822/2eb36494ee361b0b062576b900740985?OpenDocument
Carlos Arguello (2023). Declaraciones del Doctor Carlos Arguello representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Managua, Nicaragua.
Daniel Ortega (2023). Discurso del Comandante Daniel Ortega durante el 44 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Managua, Nicaragua.
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. (13 de Julio de 2023). Nota de Prensa. Managua, Nicaragua.
JGRN. (29 de Febrero de 1980). Asamblea Nacional de Nicaragua . Obtenido de Asamblea Nacional de Nicaragua : http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/571df0eb782b1754062570a10057e6e3?OpenDocument
Miranda, N. (S F ). El Derecho del Mar General y El Derecho del Mar de Nicaragua
Zamora, A. (Noviembre de 1994). El litigio territorial Colombia-Nicaragua. Managua. Recuperado el 10 de Otubre de 2019
